OTRO MONSTRUOSO CRIMEN DEL CAPITAL

22 trabajadores muertos en la explosión de Mamonal

Como de costumbre, Pasacaballos, corregimiento de Cartagena, celebraba esa noche la conmemoración religiosa del 8 de diciembre. A eso de las 9, la multitud fue sorprendida por una violenta explosión. En minutos, el aire se impregnó de un olor acre, ya familiar a todos. Los niños lloraban, asfixiados. Una nube de amoniaco, proveniente del cercano complejo de Mamonal, acababa de invadir el caserío.

El trabajador de Abocol, Alberto Simancas, jamás olvidará esa noche. Nos contó que en el momento de la tragedia se hallaba fuera de la bodega, a mediana distancia del reactor de urea. “La explosión me taponó los oídos. Al mirar instintivamente hacia arriba, vi que un enorme tanque de 42 toneladas se elevaba 30 metros para luego caer pesadamente a tierra, envuelto en gases. Con los ojos irritados eché a correr, pero en el desesperado intento por cruzar la bodega tropecé con el torbellino de amoniaco, que había penetrado al interior. Alcanzamos a meternos al baño, a tropezones, y abrimos las llaves”. Junto con otros compañeros, Simancas fue sacado de allí sin conocimiento y conducido en estado de gravedad al hospital.

Alberto Díaz Orozco laboraba sobre una torre de 45 metros de altura. Al sentir el estallido descendió a toda prisa, tratando de escapar. A la mañana siguiente, las brigadas de rescate encontraron su cadáver al pie de la escalera.

En esta tragedia perecieron en total 22 obreros y 169 resultaron heridos, 24 de suma gravedad. Fue el segundo accidente industrial de grandes proporciones en 1977, después del siniestro de Amagá.

Cerco militar y clínicas cerradas En el lapso de una hora, más de 150 compañeros fueron conducidos a la clínica del Seguro Social de Cartagena. Allí sólo se encontraban, para ocuparse del crecido número de accidentados, tres practicantes y una docena de enfermeras. “Fueron momentos de terrible angustia, relata uno de los trabajadores, víctima de la explosión. Los funcionarios nos exigían la tarjeta de servicio del ISS y el comprobante de paz y salvo, incluso a compañeros que agonizaban en el piso. Uno de ellos, Guillermo Rincón, murió por falta de atención”.

Para agravar la situación, el centro carecía de elementos adecuados para prestar el servicio de urgencia requerido. “Entonces nos enviaron al Hospital Universitario y a la Clínica Madre Bernarda. Pero esta última cerró sus puertas, negándose a admitir a quienes no canceláramos previamente la asistencia médica”.

En medio de aquella confusión, tan sólo el sombrío código de la violencia militar funcionó a cabalidad. Un batallón del ejército cercó la planta de Abocol manteniendo alejados a familiares y amigos que, atribulados, indagaban por la surte de sus seres queridos.

Todos acusan a los patronos Aunque la empresa se jacta de fomentar modernos sistemas de seguridad industrial, la realidad mostró otra cosa. Según Luis Pomares, presidente del sindicato, el reactor de 42 toneladas que hizo explosión en la planta de urea, instalado en 1963, había sido retirado de servicio en 1970 por fisuras en el recubrimiento.

“Pero al fundirse hace tres meses uno de los nuevos reactores denuncia Pomares, el viejo fue reincorporado a la fabricación de amoniaco, sin mayores reformas. Aunque sabía del peligro, a la empresa sólo le importaba acelerar la producción”.

Un comunicado del sindicato de Trabajadores de Abocol y otros suscritos por las organizaciones obreras de Cartagena, coincidieron en señalar como “directos responsables del desastre a la empresa y al gobierno”, por hacer caso omiso, indolentemente, de la inseguridad prevaleciente en la planta de urea. Se repitió así la historia de los mineros de Amagá. Una vez más, con este hecho abiertamente criminal, los explotadores se han cubierto de infamia”.

Abocol está fuertemente controlada por el capital imperialista. Sus acciones se encuentran repartidas entre la International Petroleum (Intercol), que posee el 52%, y el Grupo Bogotá.

Prohibido homenaje póstumo El 9 de diciembre se realizó el entierro de las 22 víctimas. Una muchedumbre silenciosa se hizo presente en el cementerio central para despedir los restos de los obreros fallecidos.

Para el martes 20 de diciembre estaba previsto un acto con el que las organizaciones populares rendirían tributo póstumo a los caídos. Pero a última hora la Alcaldía negó el permiso. Las autoridades buscaban acallar la denuncia airada del proletariado y el pueblo cartagenero.

Actualmente, la empresa niega la indemnización de doce trabajadores muertos en la explosión, quienes dependían de contratistas. Según ella, no existe ninguna relación laboral que la obligue a pagar las prestaciones sociales y gastos de entierro. El gobierno ya anunció, entretanto, para garantizar la impunidad de los dueños de Abonos Colombianos, que “abrirá una exhaustiva investigación”.