Otro atentado de Samper contra el campo: LA ESTRATIFICACIÓN RURAL

(Ponencia presentada en el Congreso de Unidad Agropecuaria por Carlos Arturo Clavijo V., director ejecutivo de la Federación de Ganaderos del Magdalena Medio, Fedemedio. Se publican apartes)

Hay consenso en que la sociedad colombiana está sumida en una profunda y prolongada crisis en los distintos órdenes de la vida nacional. Hoy nos encontramos en Pereira, auscultando los más disímiles factores coadyuvantes del drama que nos agobia.

El telón de fondo que ha venido a complicar nuestro desarrollo tiene que ver con las políticas aperturistas de los últimos gobiernos que han expuesto el país a las importaciones masivas, arrasando importantes productos agrícolas e implementando reformas de todo tipo.

En este marco fue expedida la Ley 142 de servicios públicos. (...) Con ella, el Estado le entrega los servicios públicos esenciales al capital privado, la inversión social se esfuma y el negocio para ser rentable tiene que serlo a través de la estructura tarifaria.

Para este propósito, o mejor despropósito, el gobierno importó la llamada estratificación socioeconómica urbana y rural, para la cual se tuvieron en cuenta aspectos metodológicos, socio-económicos y jurídicos.

Aspectos metodológicos Según Planeación, en el área rural cada predio se estratifica ponderando su tamaño, el valor de la Unidad Agrícola Familiar media del municipio y la zona geoeconómica donde está ubicado.

Al analizar el método empleado encontramos algunas inconsistencias que inducen a la obtención de resultados equívocos, o no acordes con la realidad del agro:

Se aplican las mismas variables en todas las regiones del país, cuando la realidad es que cada una de ellas tiene grandes diferencias en la conformación de los predios, la idiosincrasia de sus gentes y las características productivas. Las configuraciones de la tenencia de la tierra no son las mismas, como tampoco lo es la cultura y las tradiciones de las diferentes zonas.

Se desconoció la participación de los estamentos afectados por la misma estratificación, como lo señala la ley, y se despreció la experiencia de las empresas de servicios públicos. (...)

Al realizar el trabajo de campo no se elaboraron las encuestas socio-económicas necesarias para la obtención de resultados válidos en ese tipo de investigación, trasladando al sistema de información del Departamento Nacional de Planeación, DNP, la base predial catastral y así se generaron automáticamente los estratos de los predios. Algunos municipios ni siquiera tienen la formación catastral, dando pie a la improvisación.

Los estudios de estratificación y de Sisben en la mayoría de los casos se llevaron a cabo simultáneamente. Sin embargo, al confrontarlos arrojaron resultados inconsistentes.

Recordemos que los estratos uno y dos reciben subsidios del Estado. (...) Para lograr que los estratos altos subsidien a los más bajos, se buscó por todos los medios incrementar el número de los primeros. Por ello las generalidades de los predios rurales fueron clasificados en estratos 4 y 5.

Aspectos socio-económicos En lo relativo a la parte socio-económica, que es el aspecto relevante de esta investigación, se encuentran varios puntos de divergencias con los principios económicos y sociales que lo sustentan:

La estratificación no debí usarse como una forma adiciona de crearle impuestos al campo.

(...) Hay dos aspectos fundamentales de carácter social que no han sido tenidos en cuenta e este proceso de estratificación.

En primer lugar, los funcionarios de Planeación Nacional parecen ignorar que la estructura social del campo, debido a las relaciones de producción allí existentes, es absolutamente diferente a la de las urbes. Por esta razón no es dable pensar en un modelo de estratificación para el sector rural.

En segundo lugar, la vivienda en el campo no sólo tiene el objeto de satisfacer la necesidad de techo, sino que además en ella funcionan la bodega, las oficinas y otras dependencias necesarias para el desempeño de la actividad productiva agropecuaria. (...)

El sector industrial y comercial, como sectores secundarios y terciarios de la economía, son tratados, para efectos de prestación de servicios, como tales, mientras que al sector primario -el agropecuario- se le ubica en un contexto diferente, asimilándolo al residencial. En palabras del DNP: "Es importante resaltar que el estrato se asigna a la vivienda y no al usuario, ya que ésta es la que recibe los servicios públicos y no al contrario" (...).

El sector agropecuario contempla su unidad productiva como tal, y se define en un sector absolutamente diferente e independiente en la economía. Por consiguiente debe ser tratado para todos los efectos en ese contexto: debe tener tarifas, impuestos y tasas de acuerdo con esa realidad, y en el caso particular de los servicios públicos, debe existir una "tarifa rural" justa y proporcional al servicio recibido. (...)

En la región del Magdalena Medio los resultados de esta estratificación han sido traumáticos. La gran mayoría de predios dedicados a la explotación ganadera han sido clasificados en los estratos 5 y 6, lo que de aplicarse implicaría unas tarifas de servicios públicos y de impuestos confiscatorios.

Dichos niveles de estratificación no deben ser aplicables a los predios destinados a la actividad agropecuaria, pues corresponden exclusivamente a viviendas suntuarias situadas en las grandes ciudades o excepcionalmente a fincas de recreo ubicadas en zonas turísticas.

A esto debe agregarse que, en el sector rural, la infraestructura de servicios públicos como energía, vías de penetración, acueducto, telefonía, ha sido construida con recursos propios y esfuerzos mancomunados de los propietarios, para hacer más digna la vida en el campo, y no con fines de ostentación.

Una estratificación como la que se presenta en la región aumentaría ruinosamente la base impositiva y la de servicios públicos, lo cual, sumado a la crisis de inseguridad, productividad, comercialización y consumo que ya padece el sector agropecuario, nos llevaría inexorablemente al abandono de las fincas. (...)

La propuesta El campo tiene diferencias claras desde el punto de vista social y productivo -es el sector primario de la economía-, y por lo tanto solo deberán asignarse dos clasificaciones: una para los caseríos y viviendas dispersas pertenecientes a los trabajadores del campo, y otra que sería una "tarifa rural" para la unidad productiva agropecuaria. Esta deberá estar por fuera de los rangos de las tarifas comercial e industrial.

Conclusión Debe desmontarse la estratificación, que ha originado el descontento, las protestas y levantamientos en diferentes regiones, o de lo contrario estaremos muy pronto frente al acta de defunción del sector primario, base de la economía del país.