PLAN DE DESARROLLO: HACIA UN ESTADO COMUNITARIO DE RUINA Y SOMETIMIENTO

Por Alejandro Torres y Alfonso Hernández

En un ambiente cargado de cortapisas al debate, el Congreso acaba de aprobar el “Plan de Desarrollo, 2002-2006, hacia un Estado comunitario”, impuesto por el gobierno de Álvaro Uribe. El Plan, retazos de temas y reglamentaciones de distinta monta sin mayor orden, no hace cosa distinta que enconar los quebrantos nacionales, adoptando, una vez más, la mortífera receta del Fondo Monetario Internacional. El legislativo, con muy pocas pero honrosas excepciones, como la del senador Jorge Enrique Robledo, aclamó todo sin discutir ni un tema sustantivo, sino que se entregó a un regateo mezquino para obtener boronas como pago por su obediencia. Claro que el trámite en las Cámaras es un puro formalismo, pues el artículo 341 de la Constitución dispone: «Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley», y agrega que la «inclusión de proyectos de inversión [...] requerirá el visto bueno del gobierno nacional». Se trata de otro de los casos en los que tras los supuestos procedimientos democráticos se oculta el despotismo.

Estado comunitario: “honrar” la deuda y mantener el atraso

Con el lema gobiernista de “construir un Estado Comunitario”, se condena a la nación a un mayor desangre económico y a padecer una creciente represión política, con los solos propósitos de garantizar “la sostenibilidad de la deuda pública y un adecuado acceso de la economía colombiana en los mercados financieros y de bienes y servicios internacionales”.

“Sostenibilidad”. La palabreja es cabal, pues no se trata de redimir la deuda, sino de que ésta sea “sostenible”: ¡nunca incumplida, jamás cancelada! Tanto que entre las metas del Plan figura que su monto pasará de representar 50% del Producto Interno Bruto, PIB, en 2002, a 51,4%, en 2006. Es porque a través de los empréstitos, los financistas no sólo extraen al trabajo y a la riqueza una rentabilidad usurera, sino que mandan, desmandan y chantajean a las pobres repúblicas hipotecadas. Hay que ver cómo todas las metas macroeconómicas se sujetan a la cartilla desalmada que dicta el FMI. El déficit fiscal debe mantenerse a raya para evitar el incumplimiento de los abonos; por ello, el gasto público tiene que restringirse sin parar mientes en cerrar hospitales o apretujar 40 ó 60 estudiantes en un aula –y que ellos mismos se las arreglen para “aprender a aprender”. El crecimiento económico ha de sacrificarse para que la gente no se coma ni se gaste en salud o educación los recursos por los cuales los financistas languidecen. En fin, el déficit de cuenta corriente y las tasas de inflación y de cambio tienen que ajustarse al objetivo supremo de avalar las acreen­cias.

La inversión para el cuatrienio, que el Plan estima en $112 billones, es exigua, más si se tiene en cuenta que la mitad corresponde a las transferencias y que se calcula que el sector privado invertirá $20 billones de los 112. Lo que significa que el gobierno central gastaría cerca de 34 billones (8 billones y medio anuales), siempre y cuando el FMI no ordene una reducción adicional. Con harta razón Eduardo Sarmiento, en su columna del 6 de abril, en El Espectador, señaló que para 2006, Colombia completará una década de cero crecimiento, que él le atribuye a que las prioridades del Plan sean reducir el déficit fiscal y pagar la deuda.

El Plan y todo el paquete de medidas oficiales constriñen cualquier posibilidad de progreso de la economía. La reforma tributaria amplió la base de contribuyentes del IVA, abarcó nuevos bienes de la canasta familiar y elevó las tarifas; agregó una sobretasa al impuesto de renta y, por conmoción interior, se estableció un impuesto al patrimonio. La reforma laboral alargó la jornada ordinaria, redujo los pagos por dominicales y festivos y la indemnización por despido. A esto hay que sumarle que las facultades otorgadas al gobierno dejarán cesantes a decenas de miles de empleados públicos y que con el referendo se pretende congelar salarios y pensiones y clausurar aún más entidades estatales. Aparte de todo, el FMI, en su memorando de enero, ordenó poner fin al «regresivo» incremento del salario mínimo. En un país en el que los empresarios señalan como principal problema el de la baja demanda, toda la orientación de la economía consiste en restringir más y más la capacidad adquisitiva, reduciendo los salarios y aumentando los impuestos. Con esto queda claro que dicha orientación no se traza en beneficio de los industriales ni de los agricultores colombianos ni mucho menos de las masas laboriosas.

La farsa de la planificación neocolonial

Una característica de esta clase de “planes de desarrollo”, consiste en que las metas macroeconómicas, aun siendo menos que modestas, ni siquiera se cumplen, ya que el Estado no cuenta con empresas poderosas, pues casi todas las ha subastado, tampoco dispone de mayores recursos, ya que el grueso de los ingresos tributarios está comprometido con las amortizaciones de los empréstitos, y ha renunciado a planificar de veras la economía. El mismo texto oficial dice que las metas «Constituyen el marco de referencia para la determinación del entorno sobre el cual se diseña e implementa el Plan de Desarrollo 2002 –2006. No obstante, por tratarse de proyecciones, estos estimativos no son jurídicamente vinculantes y no podrá derivarse, bajo ninguna circunstancia, ni en virtud de ninguna modalidad jurídica, responsabilidad alguna al Estado colombiano». De tal manera que de Plan no tiene sino el nombre. Todas las proyecciones dependen de si los inver­sionistas foráneos encuentran mayores chisgas aquí o en otras latitudes, de si deciden comprar o no, de si se les antoja especular con el peso colombiano o con el argentino. Lo que se llama planificación es el ejercicio servil de competir con otras naciones pobres para complacer todos los deseos expresos de los agiotistas y adivinar los tácitos.

Los verdaderos planes de desarrollo exigen movilizar, con la mira puesta en el progreso, la masa de los recursos y las voluntades de una nación. La Unión Soviética con unos pocos planes quinque­nales, bajo la dirección del tan vilipendiado José Stalin, enfrentando el cerco del mundo capitalista, sin casi ningún acceso a “los mercados financieros y de bienes y servicios internacionales” pasó de ser una nación atrasada a convertirse en una potencia agrícola e industrial. Acabó la explotación capitalista y construyó el socialismo. Se electrificó, creo una sólida industria siderúrgica y puso fin al desempleo, al hambre, a la insalubridad y al analfabetismo. Se hizo una república respetable que le aportó a la humanidad los mayores sacrificios y hazañas para derrotar el fascismo. Destruida por la guerra, logró reconstruirse con rapidez gracias a la decisión del Partido y de la clase obrera. Otro tanto se podría señalar de la China de Mao.

Por el contrario, nuestras sucesivas caricaturas de planes han llevado al franco abatimiento a una economía que por décadas estuvo en el marasmo. El de Uribe prevé un crecimiento del PIB de 2% para 2003 y 3,9% para el 2006. Pero la Contra­loría General de la República dice que ni siquiera esas metas ridículas podrán cumplirse, pues calcula que sólo llegarán a 1,3% y 0,8% en los años mencionados. La inflación, que para todo 2003 se estima en 5,5%, ya va en 4,5% en los cuatro primeros meses del año. Los doctos economistas de Harvard no aciertan una. Es posible predecir que Sarmiento y la Contraloría tendrán razón, la economía se mantendrá estancada o declinará. La verdad es que Colombia se encuentra en un atasco a causa de la apertura económica, que postró granjas e industrias, de los impuestos crecientes y los salarios menguados. Añádase a lo anterior que en los años venideros no se va a dar ni siquiera un crecimiento engañoso, como aquel que ocurriera en los primeros años de la década de los noventas, cuando los capitales foráneos ingresaron a comprar las empresas estatales en subasta, a explotar campos petroleros enormes, a hacer empréstitos a granel, y el consumo de mercaderías extranjeras se incrementó. Hoy, el endeudamiento no deja margen, la pobreza prolifera, y, por ende, el mercado interno se estrecha. Luego de la crisis asiática hasta la inversión extranjera se muestra remo­lona de venir a Latinoamérica; vivimos un momento en el cual son mayores los caudales que salen de los países pobres hacia los ricos que los que hacen la ruta inversa. No obstante, con posterioridad a la invasión de Irak, se ha presentado un repentino auge de ingreso de capitales especulativos a todo el subcontinente que ha generado una tendencia revaluacionista, esto, más temprano que tarde, se revertirá y con el vuelo de las golondrinas más bien se profundizará la tendencia señalada. En los propios Estados Unidos caen las bolsas de valores, cuyo frenesí de la década pasada se ha trocado en pertinaz declive, que se agrava al conocerse la forma con la que los ejecutivos de las compañías desplumaron a millones de pequeños y medianos inversionistas. De tal manera que no se ve de dónde puedan provenir las inversiones que espera Uribe.

Con el pretexto de “garantizar [...] un adecuado acceso de la economía colombiana en los mercados internacionales” se propone franquear el asalto a lo poco que queda de la economía nacional, sometiendo el país al ALCA o a un acuerdo bilateral de libre comercio con los Estados Unidos. Productos como el arroz, que aún cuenta con una cierta protección arancelaria, o las drogas genéricas, dejarán su lugar a productos importados.

Sin mayores disimulos, el Plan favorece a los consorcios extranjeros mientras que exacciona a la a la nación. Vienen al caso las disposiciones sobre hidrocarburos, en las que se propende a generalizar los llamados contratos de producción incremental con las multinacionales, para que estas exploten los pozos hasta el agotamiento, como en el caso del gas de la Guajira, lo cual acaba las posibilidades de que los yacimientos reviertan a la Nación, lo poco que le quedaba a Ecopetrol para operar. Además, se entregan al sector privado los proyectos más promi­sorios, como el Plan Maestro de Carta­gena, consistente en modernizar la refinería. Para hacer más rentables tales negocios se da un nuevo impulso al «desmonte de los subsidios a la gasolina y al ACPM», y se plantea tener como referencia «las señales de precio internacional», lo cual redundará en una fuerte escalada alcista.

Más apertura y privatizaciones

El Plan es enfático en expresar que el Gobierno seguirá adelante con las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, las concesiones en la construcción, operación y mantenimiento de carreteras e instalaciones de servicios, y en que se promoverá el ingreso de inversionistas a sectores aún no privatizados, como el Sistema de Transmisión Nacional, lo que pone en la mira a ISA. Se anuncian distintas argucias para elevar las tarifas, como la «normalización» de redes; el ajuste del «esquema tarifario y de subsidios» para permitir la «recuperación de los costos».

Como hasta para los asesores de Uribe es evidente que las exportaciones no serán el eje de la reactivación, aunque sigan perorando sobre ellas para justificar la apertura, se propone que la construcción de vivienda desempeñe ese papel y que sea el motor de la generación de empleo, como se intentó en la Administración de Misael Pastrana. En realidad se busca engordar los bancos y las corporaciones de vivienda las cuales han venido despojando a miles de familias que intentaron adquirir un techo. Las altas tasas de interés y el sistema UPAC, cuyas características principales se mantienen con otro nombre, les confiscaron sus viviendas después de que habían pagado un valor muy superior al pactado y al comercial del inmueble. Pero ¿se puede pensar que se va a dar un auge en la construcción cuando las directrices de la economía conducen a disminuir el consumo y la inversión, tanto públicos como privados, y el Banco de la República ha comenzado de nuevo a subir las tasas de interés?

El Plan habla de crear dos millones de empleos mediante la reducción de los aportes parafiscales destinados al Sena, Icbf y las cajas de compensación, y las otras disposiciones laborales mencionadas. Pero está bien claro que esa clase de reformas contrae la demanda y postra la economía, y que a pesar de que se envilezcan los salarios no se va a producir el prometido auge exportador. Lo demás son propuestas hilarantes como las del «reconocimiento técnico» de las artesanas, «las bolsas virtuales de empleo», «el desarrollo de los Cultivos Hidropónicos, como garantía de seguridad alimentaria» para mayores de 50 años que no tengan ingresos. En tanto la masa de desem­pleados sigue aumentando y su angustia no mueve al gobierno a nada distinto que a los refritos demagógicos sobre micros y pymes.

“Focalización” contra los trabajadores

La llamada equidad social consiste, fundamentalmente, en conculcarles los derechos a los trabajadores de las áreas «sociales» del Estado, privatizar y desmejorar la calidad de la educación y la salud. Con la colaboración de Jaime Dussán y Luis Carlos Avellaneda, el gobierno logró birlarles a los maestros nuevos los derechos conquistados. Estos se someterán a un régimen idéntico al de la Ley 100 y al establecido en la reforma pensional, Ley 797 de 2003. Con ello se aumenta la edad de pensión, se incre­mentan los aportes a maestros nuevos y antiguos y se reducen los beneficios. Alarma que tales senadores, elegidos con una caudalosa votación de maestros y quienes mantienen amplia influencia en la dirección de Fecode, sean quienes se presten para dar vía libre a las reformas que el FMI impone en detrimento de las prestaciones básicas y más que justas de los educadores. Ya Jaime Dussán había sido ponente de la nefasta Ley 715, posiciones que pretende justificar alegando que él no va al Congreso a dejar constancias, sino a legislar, es decir, a dar el visto bueno a las medidas oficiales y a desmovilizar y engañar a los educadores.

A la universidad pública, por su parte, se le empezará a someter al chantaje de los indicadores de gestión para asignarle los escasos recursos. Así pues, se le obligará a empeorar los planes de estudio, a desmejorar las condiciones de docentes y trabajadores y a abolir cualquier programa supérstite de bienestar estudiantil.

En cuanto a salud, el Plan se centra en la «progresiva» transformación de los subsidios de oferta en subsidios a la demanda y en la «reestructuración y capitalización de hospitales». Lo cual se traducirá en la fusión o cierre de hospitales «no competentes», «no rentables» o «excedentes» (!); en el despido de más de 38% de la planta actual, es decir, unos 30 mil funcionarios; y en una desmejora atroz de la calidad con falacias como la de la «medicación pertinente», o sea, formular placebos y menjurjes “alternativos”. Los «mecanismos de acreditación del recurso humano de salud en ejercicio» son otra forma de enmascarar los despidos, como sucede con las mal llamadas evaluaciones al magisterio. El panorama es desolador si se le suman los efectos que ya han tenido sobre estos servicios el Acto legislativo 01 y la ley 715 de 2001.

El PND contempla la entrega de recursos y funciones del ICBF a los municipios, con lo cual se apunta al desmonte de esta entidad. Se abre también la posibilidad de que se contraten con el sector privado actividades que hoy desarrolla ese instituto, como la atención a la infancia, la tercera edad y la juventud. Además, bajo los criterios de «focalización» o «depuración de las bases», se pretende reformar el Sisben para negar hasta este deficiente servicio a miles de personas sin recursos.

El llamado manejo social del campo se centra en una serie de planteamientos demagógicos sobre reforma agraria, que entre otras cosas, reviven las viejas políticas fracasadas y rechazadas por los campesinos, como las de no entregarles títulos efectivos de propiedad; así queda contemplado en el contrato de asignación o tenencia provisional, que ofrece entregar la tierra hasta después de cinco años «siempre que acrediten haber establecido en ellas empresas agropecuarias competitivas y sostenibles» (!). Por otra parte, se le ofrece al agro «una protección razonable para la producción nacional», pero «en un marco de libre comercio y dentro de los acuerdos de la OMC». Es decir, continúa el arrasamiento. Es tan cierta esta afirmación que el gobierno rechazó un artículo, elaborado por la SAC y Salvación Agropecuaria, que proponía que se contrarrestasen los subsidios de los países desarrollados con medidas arancelarias nacionales.

Se amenaza también con la expedición de un régimen, colmado de sanciones, para que los entes territoriales tengan que «mejorar su gestión tributaria»; actualizar el catastro y estratificar nuevamente los conglomerados de viviendas con más de 4 mil habitantes. A los entes territoriales también se les da vía libre para implantar nuevos gravámenes o contribuciones destinados a financiar proyectos de infraestructura vial y transporte.

Más represión

El otro elemento, tan pregonado, es la «seguridad democrática», no otra cosa que el auge del despotismo y la demagogia. Más que el control de la desaforada violencia, lo que campea es un tratamiento de orden público a las protestas populares y la derogatoria de los más elementales derechos, puesto que las Fuerzas Militares quedarán autorizadas para allanar, detener y atropellar. Todo se agrava con el reclutamiento de un millón de coope­rantes, que conducirá a una cacería de brujas sin antecedentes. De acuerdo con las exigencias de gobierno norteamericano, Uribe ha procedido a fumigar en diversas regiones, sin importarle destruir labranzas ni envenenar el ambiente. Hay que ver cómo la «seguridad democrática» ha hecho llover glifosato sobre los campesinos, que privados de la rentabilidad de sus pequeñas parcelas han tenido que refugiarse en el cultivo de coca u otros de la misma índole.

En cuanto a la justicia vale la pena resaltar la importancia que se les da a los «mecanismos alternativos y extraju­diciales de solución de conflictos», que conducen a su privatización y a hacerla menos accesible a los sectores populares, mientras que el aparato jurisdiccional se concentra en garantizar la «seguridad jurídica» de los opulentos. Igualmente, aparece como prioritario entregarle al capital privado otra de las pocas áreas que quedan en manos del Estado, nos referimos aquí al sistema penitenciario. El PND contempla cederles a los particulares el diseño, construcción y adecuación de las cárceles, e incluso la prestación de los servicios dentro de ellas, así como “la resocialización de los internos”, lo que abre las compuertas para convertir los penales en campos de concentración de esclavos.

Un Presidente y un Congreso que imponen un Plan semejante a un país que agoniza, que se colma de gentes que carecen de techo, de pan y de empleo, en el que a los miles de desplazados por la violencia política se suman los millones a los cuales las medidas oficiales han dina­mitado sus puestos de trabajo, entenebrecido sus horizontes y arrojado a una existencia miserable, desnudan hasta qué punto han llegado en el servilismo y en la indolencia los mandamases del país. A ellos hay que responderles con un espíritu aguerrido de lucha, unir a millones y millones de compatriotas, hacer gigantescas movilizaciones como las del Primero de Mayo y cerrar el paso a la claudicación para que la ira y rebeldía, tan justas, se encaucen hacia la liberación de la patria y el bienestar del pueblo trabajador.