Por un movimiento magisterial de resistencia EL GOBIERNO LIQUIDA LA EDUCACION PUBLICA, ARREMETE CONTRA EL MAGISTERIO


José Fernando Ocampo

Por José Fernando Ocampo

Asistimos a la más grave crisis de la educación colombiana en ciento veinte años. Desde 1887, cuando Núñez con la Regeneración liquidó la reforma instruccionista de 1870 y eliminó la educación laica y gratuita, no afrontaba el país una arremetida tan vasta contra la educación pública. Todo lo logrado en el país en educación pública está a punto de derrumbarse con el proyecto de ley que el gobierno presentó al Congreso en reglamentación del Acto Legislativo 01/01. Es la más profunda contrarreforma jamás intentada por gobierno alguno en un siglo. Su objetivo consiste en desmontar la reforma educativa democrática conquistada por el magisterio en jornadas gloriosas, y consignada en las leyes 60/93 y 115/94, y aniquilar los restos del Estatuto Docente conquistado por los maestros en 1979.

A medida que avanza el proyecto en el Congreso, se van empeorando y refinando los mecanismos de privatización, plantelización, interinidad de las plantas de personal y cercenamiento de las garantías laborales de los educadores. Como si fuera poco, en este proceso la educación es declarada servicio público esencial, con miras a declarar ilegales los paros e impedir la lucha del magisterio.

Privatización y plantelización

Educación pública significa que es gratuita, financiada totalmente por el Estado y accesible a todos, sin discriminación ni segregaciones. A pesar de la arremetida neoliberal en todo el mundo, así se conserva en los países más desarrollados de la tierra, en donde se reserva la educación privada para los multimillonarios. La Constitución de 1991 le jugó sucio a la gratuidad al definir la educación como un "servicio público" y al permitir cobrar derechos académicos "a quienes puedan sufragarla". Pero tanto la Ley 60 como la Ley 115, respetaron el derecho a una educación gratuita.

Lo que pretende el proyecto reglamentario es cargar sobre los padres de familia el costo de la educación. Por supuesto, no se acabarán los recursos del Estado, pero serán distribuidos en forma de subsidio, por capitación, es decir, por el número de estudiantes de cada institución, dirigidos principalmente a los estratos 1 y sisbenizados, es la llamada focalización; Un subsidio a la demanda. No se financiarán las necesidades educativas del país, se dará una suma fija por cada estudiante. Si en el país se fuera a entregar un millón de pesos por cabeza al año, como se hace en Bogotá (en Estados Unidos son diez millones por estudiante), hoy faltaría billón y medio de pesos para financiar toda la población en edad escolar. Como los recursos no alcanzan ni para ese subsidio, solamente habrá una pequeña suma por estudiante y el resto correrá a cargo de la institución, la cual tendrá que cobrarlo a los padres de familia en derechos académicos.

Esto es lo que se denomina "privatización", porque el Estado no financia la educación y desaparece la gratuidad. Pero esta privatización se basa en la llamada "plantelización": cada institución quedará convertida en una empresa, con personería jurídica, con gerente, con recursos propios, con autonomía financiera, a la cual se le carga progresivamente toda la responsabilidad de vinculación y pago de los maestros, y de dotación y mantenimiento. Por eso el proyecto establece la llamada gestión gerencial de los rectores y restaura la administración dictatorial eliminada por la Ley 115/94 con el gobierno escolar. Las instituciones dependerán de los municipios y de los alcaldes y desaparecerán las funciones de los departamentos. Queda abierta la vía de la politiquería en el manejo de planteles, gerentes-rectores, vinculación de maestros y administración educativa, consideraciones todas que desde el paro de 1984 definieron la oposición de Fecode a la municipalización.

Planta de personal: provisional en interinidad

Los principales documentos preparatorios del Acto Legislativo y del proyecto de ley no dejan duda sobre los propósitos de la política neoliberal: golpear al magisterio y desvertebrar a Fecode. Como recomienda el Informe Alesina: "Quebrarle la espina dorsal a Fecode". No les importa tanto la educación como debilitar la organización gremial de los maestros. Es una venganza en ciernes, la de los neoliberales, como el ex ministro Rudolph Hommes, derrotados en 1993 y 1994 por la gigantesca y exitosa movilización del magisterio. Hoy los han reemplazado con la misma política Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda y Juan Carlos Echeverri, director de Planeación.

Tanto la planta de personal del situado fiscal como la de los municipios y departamentos, así como la de las Órdenes de Prestación de Servicios, quedan provisionales y el proyecto de ley faculta al gobierno para suprimir los cargos sobrantes en cada institución y para indemnizar a los maestros que deban salir. Con demagogia se quiso ilusionar a los maestros por contrato, e inclusive a los municipales, de vincularlos a la planta de personal del Sistema General de Participaciones. Pero sólo se hará transitoriamente. Más aún, la revinculación de los maestros pertenecientes a la planta de personal de 1993 en adelante dependerá de un concurso. Quiere decir que quedarán en interinidad.

A los docentes directivos tratan de dorarles la píldora. Pero quedan de libre nombramiento y remoción, dependiendo de la supresión progresiva de cargos, o de la desaparición de sus funciones. Pretenden neutralizarlos para ponerlos en contra de Fecode. Los rectores manejarán los recursos autónomamente, contarán con atribuciones para vetar maestros, tendrán facultades para contratar, responderán judicialmente por ellos, y serán "conseguidores de recursos" para el pago de los maestros y la dotación de las instituciones. Pero quedan convertidos en gerentes, pasan a ser funcionarios de libre nombramiento y remoción, con una evaluación anual que definirá su permanencia en el cargo cada dos años. Se acaban los núcleos educativos, que son reemplazados por "divisiones", y los directores de núcleo que sobren bajarán a la base magisterial, si no se retiran. La supervisión se suprime para reemplazarla por entidades privadas. Que no se hagan ilusiones, los docentes directivos están en la mira de los neoliberales. Atenta contra ellos toda la política de plantelización y de contratación de la supervisión con entidades privadas.

Los ascensos son un blanco principal de ataque en este proyecto de ley. Inicialmente se fijaba un número de maestros en cada grado y el ascenso estaba condicionado a un cupo. En la nueva versión se suprime el cupo, pero queda la disponibilidad de recursos y el concurso para cada ascenso. Es decir, lo mismo, sólo que depende de la asignación de recursos. Y en cada grado el maestro debe permanecer obligatoriamente tres años. El mejoramiento académico no proporciona ascenso.

Lo que había comenzado con la racionalización, la amenaza a los maestros pensionados en ejercicio, la fusión de instituciones y el hacinamiento de estudiantes en las aulas, el proyecto de ley lo aplica para disminuir la planta de personal de 310 mil a 270 mil, con la definición del número de profesores según el número de estudiantes, sin tener en cuenta las necesidades de organización pedagógica de la educación.

Contra la arremetida neoliberal en educación, resistencia civil

En América Latina se impuso la política imperialista de privatizar, municipalizar y plantelizar la educación: una orden perentoria del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. En 1991 quedó consignada en la llamada "apertura educativa". Fecode derrotó esa política con el portentoso paro de 1993; gracias a la movilización y combatividad del magisterio, fue posible la negociación con el gobierno y con el Congreso. De allí resultó la más importante reforma educativa del último siglo; la única derrota sufrida por la política educativa imperialista del neoliberalismo en todo el continente.

Las fuerzas del MOIR han insistido en el Comité Ejecutivo y en las Juntas Nacionales de Fecode en que la única forma de derrotar esta política y forzar la negociación es con un paro indefinido. Por eso lo votamos en la Junta Nacional del 3 de noviembre. Así se consiguió el Estatuto Docente y así se obtuvo la reforma educativa de 1993 y 1994. Ahora, como entonces, el MOIR defendió la misma táctica, la de que solamente la movilización y el paro indefinido pueden lograr la negociación. Para ello es necesario que toda la dirigencia, nacional y regional, se comprometa a promoverlo en todas las regiones. No hay otra forma.

De la resistencia del magisterio y la comunidad educativa depende la educación del futuro. Contra la privatización, educación gratuita para todos y financiación adecuada por el Estado; contra la municipalización, administración por parte de los departamentos; contra la provisionalidad e interinidad de la planta de personal, el régimen especial consagrado en el Estatuto Docente; contra la plantelización, un régimen de financiación estatal con planta de personal nacional, con funciones de administración nacional, departamental y municipal; contra la gestión gerencial de los rectores, gobierno escolar democrático y principios pedagógicos de dirección escolar. Por eso el MOIR reivindica los principios de la Ley 60/93 y de la Ley General de Educación.

En este momento histórico de la más grande crisis educativa en un siglo, se impone la resistencia del magisterio para salvar la educación pública y defender sus derechos. De esta lucha pueden depender el futuro de la niñez y la juventud colombiana, y las condiciones laborales y profesionales de los maestros.