Privatización de las empresas públicas: EL PUEBLO DEFIENDE SU PATRIMONIO

EL PUEBLO DEFIENDE SU PATRIMONIO Por Edgar Piñeros En todo el país se viene librando el debate contra la política aperturista de subastar las empresas públicas de servicios a los monopolios privados, proceso que en varias localidades ya se ha consumado. Mockus, por ejemplo, anunció la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y gestiona la privatización de los activos de generación eléctrica del Distrito, de los cuales hace parte El Guavio. El hecho ha despertado la lucha resuelta de organizaciones populares, sindicales y políticas en pro de que los municipios conserven la propiedad de unos bienes, producto del esfuerzo de generaciones enteras. La experiencia de algunas ciudades ilustra este panorama.

Van a rifar las empresas públicas antioqueñas En Medellín el proyecto de acuerdo que presentó el alcalde ante el Concejo generó la inmediata oposición de la comunidad, especialmente de consumidores, centrales obreras, sindicatos, educadores y algunos concejales. El plan oficial busca desmembrar las Empresas Públicas en dos entes de economía mixta: uno que aglutine el servicio de acueducto, alcantarillado y generación y distribución de energía eléctrica, en el cual participará el sector privado; y otro que agrupe los servicios de larga distancia nacional e internacional y telefonía rural móvil, en la cual los derechos privados serían superiores al 50%. La Empresa de Servicios Varios, que atiende entre otros la recolección de basuras, correría la misma suerte.

El pueblo paisa ha respondido con la creación de un Comité Pro Defensa de las EPM, conocedor del papel estratégico de éstas en el desarrollo de Antioquia, y de su eficiencia, una de las más altas del país. En efecto, la red de acueducto llega a más de dos millones de habitantes de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Copacabana, con una cobertura de 98.2% en acueducto y de 94.2% en alcantarillado. El fluido eléctrico satisface el 90% de las necesidades del departamento y su expansión llega a la zona agroindustrial de Urabá. Diez municipios se benefician de las telecomunicaciones con 785 mil líneas y hay en proyecto la instalación de 319 mil más. Con sus propios recursos lleva los servicios a los barrios marginales, algo que nunca harán los propietarios privados.

La rentabilidad de las EPM permite presentarlas en el segundo lugar en ventas después de Telecom; con utilidades de $175 mil millones y con una contribución de 18,1% al presupuesto de Medellín. Tales logros ponen al descubierto que las intenciones oficiales de crear un fondo de inversión social con el producto de la venta de los activos, sería ruinoso para la ciudad, pues estos dineros siempre se destinan a la especulación o son convertidos en títulos o bonos beneficiando en últimas al sector financiero.

Barrios y sindicatos protestan en Santander En Bucaramanga el Concejo aprobó en diciembre de 1995 la liquidación de las Empresas Públicas, que prestaban los servicios de matadero, aseo, plazas de mercado y telefonía, para dar lugar a una nueva institución de capital mixto. Las consecuencias no se hicieron esperar; los trabajadores fueron despedidos y las tarifas se elevaron, atropello que tuvo el apoyo de Isaías Tristancho, dirigente de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, Usitrans.

El alcalde de Barrancabermeja, Mario Evan, impuso la fusión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con las Empresas Varias que atienden los servicios de aseo, matadero y plazas de mercado, con la finalidad de dar carácter privado a estos dos últimos. Como sucede con proyectos de esta naturaleza, el designio oficial es recibir a los empleados con un nuevo contrato de trabajo para desconocer los avances consagrados en las convenciones colectivas. La nueva estratificación, que también allí se quiere elaborar, es otra determinación del FMI y del Banco Mundial sobre la legislación de servicios públicos para crear la base sobre la cual se dictará el alza de tarifas.

Pero fiel a su tradición de lucha, la comunidad ha resistido para conservar unos bienes cuya creación fue fruto de varios paros cívicos, y agrupó en la Coordinadora Popular a sindicatos y comités de barrios para organizar la denuncia pública. En diciembre último se hizo la primera votación en el Concejo para decidir la suerte de las empresas: con la participación del concejal del MOIR, compañero Luis Rodríguez, se logró la derrota del proyecto por diez votos contra ocho. Sin embargo, en febrero de este año, por una ligera mayoría, el cabildo expidió el acuerdo que privatiza buena parte de los servicios.

También Suroccidente rechaza privatizaciones En Cali la propuesta del gobierno local es transformar Emcali en un ente corporativo como empresa industrial y comercial del Estado, y cinco sociedades anónimas con 100% de capital público que operarían los servicios de telecomunicaciones, energía y generación eléctrica, acueducto y alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales. Por su parte Emsirva, la otra empresa municipal, se convertiría en sociedad anónima de economía mixta. El empeño del capital privado es presentar las entidades existentes, que han contribuido a la industrialización del Valle, como fortines burocráticos y organismos de baja eficiencia, forma encubierta para justificar su transformación en sociedades de economía mixta y luego llevarse la parte del león. Por ello los trabajadores han advertido el riesgo que se origina y la pérdida de sus derechos, que sobrevendrá con el cambio de dueños. En respuesta a los planes neoliberales, el pueblo caleño ha creado el Comité Municipal de Organizaciones Sindicales, Gremiales y Sociales.

Las Empresas Públicas de Pereira, con una trayectoria de más de 50 años de ejercicio, ofrecen a los consumidores uno de los costos tarifarios más baratos del país. Para ejecutar el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo, las EPP solicitaron financiación al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cual sujetó el crédito a la privatización de la entidad y de la reforestación de cuencas hidrográficas, al alza de tarifas y a que los estudios del proyecto se hagan conforme a procedimientos aceptados por el banco, llegando al extremo de imponer la revisión del proyecto de acuerdo que habría de someterse al Concejo.

El diputado del MOIR, camarada Aurelio Suárez, desenmascaró las rapaces condiciones, y los pereiranos, enardecidos, han realizado nutridas manifestaciones y un cabildo abierto en contra de un programa que hará más gravosas sus cargas.

Ofensiva contra Telecom Telecom, que durante los dos últimos gobiernos ha sido objeto de una furiosa arremetida, fue fundada en 1948 justamente por la necesidad de que el país fuera soberano en la esfera de las telecomunicaciones, pues hasta ese momento el servicio estaba en manos de dos firmas norteamericanas. Su desarrollo permitió la instalación de una red que cubre todo el país y está digitalizada en 90%; dispone de sistema satelital y cable interoceánico, y actualmente proyecta la interconexión de 26 ciudades con cable de fibra óptica. Además participa en la telefonía local, directamente o a través de teleasociadas. La solidez económica adquirida por Telecom le ha permitido autofinanciarse y aun aportar cuantiosas sumas al Estado. En 1994 su utilidad neta fue de $130 mil millones.

El primer zarpazo que sufrieron, tanto la empresa nacional como las operadoras municipales, en 1990, fue impedirles la prestación del servicio básico de telefonía móvil celular, el cual fue entregado a monopolios nacionales como Santodomingo y Sarmiento Angulo, e internacionales como AT&T, Telefónica de España, Bell Canadá y Cable and Wireless. Luego se expidió la Resolución 28 de 1995, de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, conforme a la cual Telecom tendrá que competir antes de un año en larga distancia nacional e internacional con los gigantes mundiales, los cuales recibirán concesiones por diez años, prorrogables otro tanto. En dichos contratos se permite al concesionario el uso y explotación de la red nacional y del espacio electromagnético, y de ñapa se les da patente de corso para imponer tarifas.

Los resultados desoladores de esta política son previsibles, pues Telecom se fragmentará y debilitará hasta el colapso, y las telefónicas regionales serán vendidas o languidecerán al despojarlas también de uno de los negocios más prósperos del planeta, la larga distancia.

Ante este desafío, resultan ejemplares la decisión del pueblo uruguayo que detuvo en un referendo la privatización de su empresa nacional de telecomunicaciones, y la del pueblo ecuatoriano, que en el plebiscito de noviembre de 1995 derrotó una reforma constitucional de corte antipopular.

La lucha será intensa y prolongada Ahora que arrecia la tempestad, pues la Ley 142 de 1994 da plazo hasta el próximo 11 de julio para que las empresas se transformen, conviene tener presente la experiencia de otras naciones donde el producto de la venta de este patrimonio no se aplicó a la inversión social sino al pago de la deuda externa; que su enajenación, además de disparar los costos al consumidor, aislará a los municipios con menos recursos y afectará a los trabajadores porque los nuevos contratos cercenan las garantías conquistadas en décadas de lucha. Los hechos nos convocan a una lucha intensa y prolongada que decidirá el destino de una infraestructura forjada en muchos años y valiosa para el pueblo colombiano. De ahí la importancia de que las ciudades permanezcan dueñas de estos bienes, garanticen su autonomía financiera y administrativa y las preserven de los linces del capital privado; es imperioso que se multipliquen las organizaciones de defensa de las empresas y sus usuarios.

Estas bregas han de educar al pueblo laborioso en la ley universal de que ninguna sociedad ha alcanzado el desarrollo ni garantizado su independencia entregando a manos extranjeras el trabajo y la riqueza nacionales.