Privatización y servicios públicos: JUGOSO NEGOCIO PARA LOS MONOPOLIOS FORÁNEOS

(Apartes de la ponencia presentada por Jorge Enrique Robledo Castillo, asesor de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Manizales, al foro realizado en la Universidad de Caldas el 3 de octubre de 1996)

Por Jorge Enrique Robledo

Los acontecimientos de Facatativá, que conmocionaron al país, y los muchos reclamos de otras comunidades, tales como el reciente paro cívico de Chinchiná, indican que hay hechos que están exasperando a los colombianos. Cuando se conoce el calibre de las alzas en las tarifas de los servicios públicos se entienden los motivos del enorme descontento.

De acuerdo con una política nacional, lo definido por la Central Hidroeléctrica de Caldas, Chec, ilustra el problema de los costos de la energía: habrá aumentos hasta de 71% para el estrato seis, 86% para el cinco, 388% para el cuatro, 51% para el tres y 105% para los estratos uno y dos. Y a estos incrementos se les adicionan los que produce la nueva estratificación de los predios. Quienes pasan a los estratos cuatro, cinco y seis, donde se cobran tarifas plenas, sufren los rigores de esa nueva situación, a la cual habrá que sumarle, en el caso de los dos últimos, una sobretasa de 20% sobre el costo de la factura.

A las alzas en las tarifas de la energía se sumarán las de los demás servicios. En Manizales, el aumento de los pagos por acueducto y alcantarillado alcanzará hasta 1.636% y la recolección de basuras se encarecerá hasta el doble. Además, el país está a la espera de la considerable elevación en los cobros de las llamadas telefónicas locales.

La escalada tarifaria obedece, en parte, al endeudamiento externo. El gerente de la Empresa de Energía de Bogotá reconoció que "ni poniendo a trabajar gratis a todos los empleados", esa electrificadora podrá salir de la crisis. Son tan altas sus acreencias con la banca nacional y extranjera, que en 1995 tuvo ingresos por 931 mil millones de pesos, pero pagó por servicio de la deuda 569 mil.

Hay otras razones para explicar un cambio tarifario de la gravedad del que está ocurriendo. La Ley 142 de 1994, promulgada según los lineamientos de la Constitución gavirista de 1991, estableció las bases para privatizar las empresas de servicios públicos. Las tarifas deben pagar el costo de producción del servicio, más el costo de la expansión de las empresas y, además —y esta es la clave del asunto-, deben generarle una rentabilidad adicional al capital invertido. Las alzas exorbitantes apuntan, entonces, a garantizar el lucro de los nuevos inversionistas. Por ello, a la larga todos los estratos tendrán que pagar tarifas plenas.

Las inconsistencias de las normas tienen que ver con la necesidad de colocar en los estratos de arriba, los que más pagan, al mayor número de usuarios. Si resultara que demasiados colombianos quedan en los estratos bajos, como corresponde a la realidad nacional, la privatización no sería posible porque el negocio se dañaría.

A pesar de que cualquier análisis permite explicar las alzas en las tarifas como un efecto de la privatización, los neoliberales se empeñan en justificar la feria del patrimonio nacional con unas cuantas falacias. Tres son sus principales argumentos: que el Estado es ineficiente por definición, que las empresas públicas son monopolios y que existe mucha corrupción en el sector oficial.

Es una afirmación falsa decir que todo lo oficial tiene que funcionar mal. Ahí están para demostrarlo la NASA, a la vanguardia de la tecnología universal, los ferrocarriles franceses y las empresas de telecomunicaciones de Alemania y Japón. Y ahí están también, como ejemplos en Colombia, Ecopetrol, Telecom, las Empresas Públicas de Medellín y la telefónica de Manizales.

Por otra parte, el propio proceso privatizador deja en ridículo el argumento de la eficiencia de los particulares. Éstos se presentan como muy eficientes, pero se niegan a tomar las empresas de servicios públicos si antes no se elevan las tarifas y se envilecen los sueldos de sus trabajadores.

Las privatizaciones les están generando a los inversionistas rentabilidades que impresionan a la opinión pública. En el primer año después de su venta, Temex, la telefónica mexicana, produjo 2.300 millones de dólares de utilidades, sobre ingresos de 5.400 millones. "’Dios no concibe ganancias como éstas’, afirmó maravillado un asesor estadounidense de la compañía’. De ahí que no extrañe que una empresa que el Estado vendió, en 1990, por 1760 millones de dólares, aparezca cuatro años después con un precio en bolsa de 30 mil millones. Según la Contraloría General de la República de Colombia, en la privatización de los bancos del Comercio, de los Trabajadores y del Tequendama, el patrimonio público resultó menguado en 73.797 millones de pesos de 1992. En Manizales, la privatización del aseo se convirtió en "una verdadera guaca de oro" para sus compradores, según la calificara gráficamente Luis José Restrepo Restrepo (La Patria, 18 de agosto de 1996).

La privatización es una imposición del FMI y el Banco Mundial, los dos organismos que actúan como arietes de los pulpos financieros que, bajo la bandera de Estados Unidos y de las demás potencias, se apropian del fruto de los esfuerzos de las naciones débiles que se lo permiten. Claro que esas hazañas no las realizan los extranjeros solos. En cada país han contado con el respaldo de los magnates nativos; o con la colaboración de los comisionistas públicos o privados; o con la ayuda de los inversionistas locales; o con el respaldo teórico del puñado de superposgraduados en las universidades foráneas.

No se trata de oponerse a que lleguen al país capitales extranjeros. El reclamo apunta a que esas relaciones no lesionen al pueblo ni entraben el desarrollo nacional, porque además de producir los efectos empobrecedores ya anotados, conducen a que el trabajo de los colombianos no acumule riqueza en el país sino en el exterior.

El caso de la telefónica de Manizales comprueba que se busca privatizar los negocios buenos y no los malos y que ello se hace sin que medie, siquiera, alguna argumentación.

Estamos ante una empresa que no tiene problemas de deuda; que produce utilidades de miles de millones de pesos al año; que disfruta de tasas de rentabilidad que ya se las quisiera cualquier negocio lícito del país; y que pasará de ser monopolio público a privado foráneo, con lo cual la riqueza creada por el trabajo de los manizaleños desaparecerá de la ciudad.

Esperemos que el referendo propuesto para que los habitantes de Manizales decidan si debe o no venderse la telefónica, no termine saboteado por alguna leguleyada.

Los patriotas de Colombia, de todos los partidos y de todas las condiciones sociales, tenemos el deber de organizar la resistencia contra la ley 142 y contra las demás medidas que sacrifican los más caros intereses nacionales.