REPUNTE DEL MOVIMIENTO OBRERO

A los pliegos petitorios de la Uso, Fecode, Aceb (en la Caja Agraria) y el Sindicato de Paz de Río, se sumaron a principios del año los de las federaciones de asalariados estatales Fedepuertos y Fenaltracar. En todos los casos, las negociaciones han sido entrabadas por las mezquinas ofertas salariales de los patronos. Pero los obreros han respondido con una enérgica determinación. El 31 de enero, en Barranquilla, 2.000 trabajadores del terminal pararon por 24 horas en rechazo al contrapliego de Colpuertos, y en esa misma ciudad 600 huelguistas pararon la empresa Unión Industrial, Unial, desde el 28 de diciembre.

También cesaron labores los 700 trabajadores de la salud de Risaralda, Sucre, Córdoba, Huila y Chocó, desde el 21 de enero, y desde el 13 de febrero los de los hospitales San Rafael y Siquiátrico de Tunja.

El 14 del mes en curso aprobaron ir a la huelga 2.500 proletarios agrícolas de Indupalma; tres días antes lo habían hecho los obreros de La Rosa, Dosquebradas, Risaralda. Y los 320 asalariados de Olivetti, empresa extranjera con sucursales en Bogotá, Medellín, Calí, Barranquilla, también están pendientes de la hora cero.

En todo el país, la clase obrera alista sus fuerzas para enfrentar con la huelga las políticas antiobreras del gobierno, y desenmascarar en la práctica las actitudes cómplices de quienes pretenden embellecer el actual régimen represivo con sus prédicas engañosas.

Un mes de huelga en Mineros de Antioquia

Las enormes dragas de Mineros de Antioquia (antigua Pato Consolidated Gold Dredging Ltd), que desde 1909 saquean la cuenca aurífera del río Nechí, en las inmediaciones de El Bagre, Zaragoza, están paradas por una huelga desde el 14 de enero. Los 600 obreros, cuyo jornal promedio es de $117, exigen aumentos de $97 e importantes reivindicaciones, como el que se ponga fin a la inseguridad reinante, que ha provocado varios accidentes fatales y ha costado la vida a dos obreros, electrocutados en menos de un año.

Sin embargo la empresa, con todo y que durante 1978 vendió más de 48.000 onzas de oro por valor de 472 millones de pesos, se ha limitado a ofrecer exiguos aumentos de apenas $17 y $24, y ha desoído las protestas obreras por la falta de seguridad. Antes por el contrario, la empresa Mineros de Antioquia respondió a la huelga cerrando la escuela Pueblo Nuevo, donde estudian no sólo los hijos de los trabajadores, sino gran parte de la población infantil de El Bagre, y suspendió los pagos a los pensionados.

Las medidas represivas provocaron una reacción de solidaridad de todos los habitantes de la localidad con los huelguistas. Gabriel Zapata, presidente del sindicato, señaló: “tenemos de nuestro lado a la ciudadanía y contamos con el apoyo desinteresado y generoso del campesinado. Nos encontramos en condiciones de afrontar la batalla así esta dure varios meses”.

Criminal atropello contra obreros de Incametal

El 25 de septiembre de 1978, cuando los seiscientos cincuenta trabajadores de Incametal completaban un mes de huelga, fuerzas combinadas del ejército y la policía allanaron la carpa, ubicada en el barrio Guayabal de Medellín, y procedieron a la captura de ciento ochenta personas. El Ministerio del Trabajo había ilegalizado horas antes el cese de actividades, ordenando su inmediato levantamientos y autorizando despidos colectivos.

Poco después del atropello, centenares de huelguistas se refugiaron en el vecino templo de San Rafael, y exigieron la inmediata libertad de sus compañeros. Durante casi una semana los habitantes de los barrios aledaños contribuyeron con alimentos y drogas a sostener la valerosa resistencia. Incametal canceló el contrato a los trescientos activistas que ocupaban la iglesia. Veinte de ellos, incluidos los directivos del sindicato fueron condenados posteriormente por el gobierno a 30 días de prisión.

Como lo denunciaron el Frente Sindical Autónomo de Antioquia y el Comité Sindical de Acción Conjunta, se trata de una salvaje represalia “contra una organización que ha levantado con decisión las banderas de la independencia clasista”.

Lucha común en telecomunicaciones 25.000 trabajadores adscritos a Telecom, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Inravisión y Administración Postal, acordaron coordinar sus pliegos petitorios e iniciar un combate unificado para echar atrás el ridículo aumento salarial del 18 % propuesto por Turbay. La decisión fue tomada por una asamblea conjunta de los sindicatos, reunida en Bogotá. Los asistentes exigieron reajustes acordes con el creciente costo de vida. Desafiando el Estatuto de Seguridad, brigadas de activistas iniciaron las tareas de agitación que podrían desembocar en un paro nacional. Dirigentes de Sittelecom respaldaron íntegramente estas decisiones y Agustín González, su presidente, destacó este primer acuerdo de los asalariados del sector.

Empaques de Medellín apela a métodos gangsteriles

El Sindicato de la Compañía de Empaques denunció que el actual gerente está contratando grupos armados de choque, con el objeto de intimidar a los obreros e impedir la negociación del pliego, presentado desde noviembre de 1978. El pasado 13 de diciembre unos cuantos sujetos, provistos de revólveres, abordaron el bus de la empresa y, a la altura del puente de San Juan, descargaron sus armas sobre William Quiceno y otros activistas hiriéndolos de gravedad. Días antes, en plena fábrica, siete desconocidos irrumpieron en una de las secciones y golpearon salvajemente a varios directivos sindicales.

La empresa se ha negado a recibir el pliego petitorio. Esta maniobra la viene repitiendo año tras año, desde 1972, con la complicidad del Ministerio de Trabajo. Los obreros se lanzaron a un paro en marzo de 1977, al que la compañía respondió con despidos, los cuales no pudieron impedir el proceso de afiliación masiva al sindicato.

Germán Restrepo, presidente de Sintraempaques, reafirmó que “está por delante nuestro pliego y vamos a lograr la victoria”.