RICARDO SAMPER EN EL PARLAMENTO: UNA TENAZ BATALLA AL RÉGIMEN

Al término de la victoriosa campaña electoral de 1974, los movimientos integrantes de la Unión Nacional de Oposición lograron, como uno de sus positivos resultados, la conquista de varias posiciones en las corporaciones públicas. El compañero Ricardo Samper, elegido entonces como representante a la Cámara, ha llevado la vocería del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) en el Parlamento.

El representante del MOIR ha denunciado y condenado los proyectos presentados y aprobados por la coalición liberal-conservadora en el Congreso. Atentados contra el pueblo y la nación colombianas como la ley de aparcería, la de endeudamiento externo, la de elevación de las dietas, la de reorganización de la Contraloría y muchas más, al mismo tiempo que multitud de atropellos oficiales contra el pueblo como el asesinato de obreros, estudiantes y campesinos, o como las determinaciones de la llamada “emergencia económica” y la declaratoria del Estado de Sitio, todos sin excepción, han sido combatidos implacablemente por el dirigente revolucionario. A la vez ha sido enfático en declarar a través de sus intervenciones que el pueblo no debe forjarse ninguna ilusión acerca de que en el “establo parlamentario” se vaya a resolver ninguno de los múltiples problemas que lo aquejan. Por el contrario, Samper ha demostrado cómo desde allí no se hace otra cosa que entregar la soberanía nacional, traficar con los dineros del país y elaborar todo tipo de medidas antipopulares.

El escaño en la Cámara ha sido utilizado por Ricardo Samper como una posición más desde donde se batalla contra el régimen, como una tribuna de agitación revolucionaria y de denuncia de las tropelías del gobierno lopista de hambre, demagogia y represión.

CATADURA REPRESIVA DEL GOBIERNO LOPISTA

El gobierno centro-izquierdista de López Michelsen inauguró este cuatrienio con una muestra clara de lo que sería su rumbo a lo largo del período: a los pocos días de posesionado el nuevo presidente, cayó asesinado por las balas oficiales en Cereté el estudiante Rosmiro Burgos, durante el desarrollo de un justo movimiento cívico en el departamento de Córdoba. Ante semejante crimen oficial Ricardo Samper elevó su más enérgica protesta, señalando claramente a los partidos liberales y conservador como responsables del asesinato, al igual que de toda la violencia que ha asolado al país desde hace muchos años, ya que através de instituciones como la paridad y la alternación han venido ejerciendo coaligadamente el poder del Estado. Y destacó: “Si el Frente Social de Pastrana Borrero en un período de 4 años dejó un saldo de 28 estudiantes vilmente asesinados en las calles, el “mandato claro” de López Michelsen, a los 13 días de iniciado su gobierno ya demostró su catadura antipopular y represiva en el cadáver de un estudiante de 17 años (...). Un gobierno que permite y auspicia esta clase de atropellos contra el pueblo sólo puede ser una estúpida democracia que esconde detrás de la jerga demagógica de López su verdadera esencia de dictadura reaccionaria, vendida a los intereses del imperialismo yanqui y llamada a ser borrada de la historia de Colombia mediante la lucha en ascenso de las masas”.

Quedaba así sentado que en este gobierno sólo existen libertades para la gran oligarqía, mientras que las aspiraciones y demandas populares son acalladas a sangre y fuego. Algunos meses después vendrían a confirmarse con creces aquellas palabras cuando el gobierno, ante la creciente ola de protesta popular, recurrió a la tradicional arma de sus antecesores, la declaratoria del Estado de Sitio. La UNO respondió en el Parlamento a esta nueva medida, enjuiciando al gobierno por los atropellos cometidos contra el pueblo en uso del artículo 121 de la Constitución. Además de las intevenciones del MAC y del Partido Comunista, el representante del MOIR condenó severamente la represión intensificada que se viene adelantando por las autoridades, y en la sesión de la Cámara del 21 de julio de 1975 dijo al respecto: “Nosotros, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, y la Unión Nacional de Oposición, tuvimos oportunidad en la pasada legislatura de explicar la manera cómo los revolucionarios vemos la situación del país y dijimos, cómo esta coalición continuista, reaccionaria, al sevicio del imperialismo yanqui, que cuenta con el apoyo irrestricto de Ospina Pérez y de Alvaro Gómez Hurtado, era absolutamente incapaz de gobernar a Colombia sin acudir a la intimidación y a la represión utilizando el artículo 121”. Se trata, expresó, de ejercer una “guerra de intimidación política” por medio del Estado de Sitio como remate de la “guerra económica” que significó la utilización del artículo 122 de la Constitución, dirigida “contra las inmensas masas desesperadas que viendo frustradas todas sus aspiraciones se han lanzado a la defensa de sus derechos”. ALZA DE DIETAS: TRUEQUE MERCENARIO

Al mismo tiempo que el Congreso acogía con beneplácito las primeras y más gravosas medidas del “mandato claro” contra los trabajadores y el resto del pueblo, promulgadas a finales del año pasado, y que desataron la mayor espiral alcista que haya conocido el país en los últimos tiempos, efectuaba un “trueque mercenario”, como lo señaló Samper en sesión de la Cámara del 3 de noviembre de 1974. Este trueque consistía en que los congresistas aprobaban leyes como la de aparcería, que tenía dificultades en el Congreso, a cambio de que López se abstuviera de objetar la ley que consagraba el alza de las dietas en $10.000 mensuales.

La oligarquía, añadió, al tiempo que eleva sus millonarias rentas con el patrocinio del Estado, niega las alzas salariales de los trabajadores argumentando dizque son inflacionarias.

Así son las cosas en el país. “Y los parlamentarios qué hacen?”, preguntó Samper en el mismo orden de ideas. Y respondió: “Salir en la forma más inmoral a resolver el problema. Lo que hacen es decir: como todo el mundo roba, cuadrémonos también!”.

Cuando en el Senado Hernando Echeverri Mejía e Iván López Botero, elegidos por la UNO, votaron afirmativamente el alza de dietas, el Comando Nacional desautorizó tal proceder. La respuesta insolente que dieron al llamado de la dirección nacional de la UNO motivó que el compañero Samper aludiera a dichos sucesos haciendo constar la posición del MOIR frente a los mismos. Desprovistos de todo sectarismo, dijo, estamos dispuestos a respaldar a toda aquella persona que en el país esté dispuesta a combatir a los enemigos del pueblo. Por eso, en base a una plataforma mínima de nueve puntos, participamos en la pasada campaña electoral al lado de Echeverri Mejía y López Botero. Cuando traicionaron los postulados que habían suscrito, la UNO obró en consecuencia. “Seguimos ideas, no caudillos”, indicó Samper, para concluir subrayando: “Y que quede perfectamente claro que la Unión Nacional de Oposición aprobó una enérgica censura a la actitud absolutamente indecorosa y contraria a nuestros postulados asumida por nuestros voceros en el Senado de la República.

En la misma forma, el Movimiento Aplio Colombiano, al cual pertenecen Echeverri y López Botero, ha expedido una declaración de enérgica censura a esa actitud. Y que se sepa que los auténticos revolucionarios de la Unión Nacional de Oposcición respondemos a los intereses de la totalidad del pueblo colombiano, así en la farsa electoral no hayamos obtenido más que 150.000 votos”.

EL ESTADO, CELESTINA DEL CAPITAL FINANCIERO

Dos solicitudes del Ejecutivo a las cámaras legislativas referentes a la deuda pública, encontraron la resuelta oposición del representante del MOIR. La una estaba relacionada con la autorización de un endeudamiento interno por la suma de mil millones de pesos a través de la emisión denominados “Bonos de Desarrollo Económico”, mientras que la otra se remitía a otorgar permiso al gobierno para un endeudamiento externo por una cuantía de mil millones de dólares. Cifras millonarias éstas que no representan cosa distinta a los escandalosos negociados que realiza el Estado colombiano, manipulado por el capital financiero imperialista y sus sirvientes nacionales.

Explicó cómo la emisión de títulos de deuda pública interna es uno de los mecanismos preferidos por la oligarquía para amasar fabulosas ganancias ya que, como en el caso de los bonos propuestos, se facilita por este medio la evasión tributaria pues están exentos del impuesto de renta; además, pagan altos intereses, de los tipos usuarios que se han generalizado en el país desde la creación de las UPAC, y que el Ministro de Hacienda denominaba como “competitivos”, y, en fin, entrañan el desbordamiento de la inflación, puesto que representan a la postre una emisión de dinero por el gobierno cuyas evidentes consecuencias son acrecentar las ganacias de los capitalistas a costa de los ingresos reales de los trabajadores. “Es decir, expresó Samper el 14 de noviembre del año pasado-, por un lado dicen que habrá mecanismos de control a la evasión tributaria y por el otro, el mismo gobierno, como celestina, abre la puerta para los que quieran ocultar capitales y devengar intereses usurarios sobre esos capitales”.

Con posteridad, el 14 de diciembre, tuvo oportunidad el dirigente revolucionario de combatir el proyecto de endeudamiento externo. Con estos términos, extractados de su amplia intervención, calificó la naturaleza de la “ayuda” imperialista: “Estos empréstitos, que se presentan al público con intereses comerciales, con plazos ficticios para que la opinión los tolere, se gastan fundamentalmente en financiar a precios muy altos las exportaciones norteamericanas. Lo mucho o poco que llega se adjudica por intermedio de contratos hechos por licitaciones, las cuales se conceden a través de comisiones ocultas que, desde luego, vienen a gravar por debajo el préstamo. Se establece así un sistema de corrupción que en el fondo no viene a ser más que el fruto de la “Alianza para el Progreso”, para el progreso del imperialismo yanqui y las empresas plutocráticas que se benefician de esos empréstitos”.

EL CONCORDATO COMPONENDA BIPARTIDISTA

El 12 de julio de 1973 el gobierno de Pastrana Borrero suscribió un nuevo concordato con la Santa Sede, el cual estaba para la ratificación del Congreso a finales del año pasado. A el se refirió el camarada Samper en el curso del debate promovido sobre el particular.

A lo largo de su discurso explicó cómo el Concordato era uno de los compromisos fundamentales de López Michelsen y el partido liberal con su socio conservador y la iglesia. Ya en el transcurso de la campaña electoral, cuando el congreso había iniciado la discusión pertinente y algunos liberales se mostraban reacios a la aprobación del convenio, López los reprendió y solicitó que accedieran a su pronta evacuación. Más adelante y ya elegido presidente, López aceptó, como para salvar las apariencias, que el nuevo Concordato sería revisado en el término de diez años a fin de llegar entonces a un arreglo más “satisfactorio” para Colombia. Este fue el último argumento farisaico empleado por Alfonso López con objeto de lograr el asentimiento de los parlamentarios. Aunque estaba lejos de querer un nuevo convenio más equitativo para el país, cual intentaba hacerlo creer, puesto que, como lo recordó Samper en su intervención, no hacía mucho había declarado López que en materias concordatorias “...me encuentro ma´s próximo de la doctrina conservadora que de la doctrina liberal”.

Más adelante la disertación de Samper se orientó a desbaratar las amenazas de las fuerzas reaccionarias de que Colombia se precipitaria a una lucha religiosa de violentas secuelas si no se aprobaba ese tratado, o aún más, si el país se desembarazaba de los vínculos concordatorios -como lo proponían algunos- y pasaba a regir sus relaciones con el Estado Vaticano por las normas internacionales que rigen en estos eventos y en un plano de igualdad y respeto por el manejo autónomo de las cuestiones de cada parte. Ateniéndose además al punto de vista revolucionario que considera que la religión es un asunto privado, del fuero interno de cada persona, en el cual el Estado no debe inmiscuírse, y que por ende debe propenderse por la más completa separación entre la iglesia y el Estado; y fundándose en el criterio de nuestro partido de respeto a las creencias del pueblo, describió Ricardo Samper la amenaza de lucha religiosa de la reacción como un intento de meter cuñas entre el pueblo para dividirlo y desviarlo de sus verdaderos intereses y metas, y una vana pretensión de acallar las corrientes y personalidades patrióticas que luchan por la independencia de Colombia.

Al señalar que al Vaticano por medio del tratado suscrito se le otorga el derecho de intervenir en varios asuntos de la vida nacional -como en la educación, en la administración de los Territorios Nacionales a través de un “régimen de misiones”, en el matrimonio, en la administración de justicia, etc.- destacó el parlamentario del MOIR que se trata de violaciones a la soberanía llevados a cabo por la oligarquía vendepatria. Las clases dominantes han llegado en este caso hasta el punto de violar su misma Constitución, en el afán de otorgar privilegios al Vaticano. En el mismo orden de ideas puso en claro el engaño que en labios de las clases dominantes encierra el principio de la “no intervención”, explicando como en la ONU la delegación colombiana había negado un voto de censura a la dictadura de Pinochet, amparándose cínicamente en el principio aludido. Y añadió: “Claro que es una burla afirmar el principio de no intervención en un momento en que se asiste a una Conferencia de Cancilleres para levantar las inoperantes sanciones a Cuba, a la gloriosa Cuba revolucionaria, dizque por intervención en América Latina, y no se dijo ni una sola palabra sobre la descarada y permanente intevención que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos ejerce en todos los países de América Latina. Qué moral es esa! Dónde está la soberanía de nuestros pueblos! Dónde está la coherencia de los principios! Dónde está el principio de la no intervención!”. En remate de lo dicho expresando la actitud del MOIR en relación al Concordato, dijo Samper: “Vamos a votar en contra de ese concordato porque somos coherentes con nuestra posición nacionalista y patriótica”.

EL ENGENDRO TERRATENIENTE DE LA LEY DE APARCERÍA

Inicialmente la Cámara de Representantes había rechazado en sesión del 11 de diciembre la ley de aparcería, pero luego la acogió a instancias del presidente López. De todas maneras aquella sesión brindó la oportunidad al compañero Samper de enfrentar a la coalición bipartidista en resonante debate.

“En nombre de la Unión Nacional de Oposición siento la más enérgica protesta ante el intento, que parece ya consumado, de aprobar este proyecto profundamente reaccionario...”, dijo ese día para iniciar su fogosa intervención. Pasó luego a evocar las mentirosas promesas que a los campesinos ha hecho la oligarquía en boca de cuanto mandatario ha pasado por el gobierno, cuando lo que realmente han recibido es la represión más brutal cada que han querido tomar la tierra. “Desde 1936 se ha venido hablando de reforma agraria”. indicó. Pero “a pesar de toda la demagogia que se hizo en aquel entonces, los campesinos no tuvieron la tierra con la ley 200 del 36. Se generaron problemas sociales, luchas campesinas de inmensa profundidad”. Más adelante agregó: “Desde el primer gobierno del Frente Nacional, se volvió a hablar de la necesidad de hacer una reforma agraria. Se dictó la ley 135 de 1961 y desde entonces todos los gobiernos, a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), a pesar de que han gastado muchos millones de pesos, no han proporcionado una pulgada de tierra a los campesinos”.

En consecuencia, los campesinos, sumidos en una miseria y opresión ya seculares, han tomado en sus manos la tarea de realizar una auténtica reforma agraria que les otorgue la tierra por la vía de arrebatarla a los terratenientes, invadiendo sus extensos fundos improductivos.

Ante esta situación, cuál ha sido la postura del señor López Michelsen?, preguntó el parlamentario revolucionario y pasó a responder, recordando cómo en la campaña electoral el candidato liberal había manifestado que lo importante no era la tierra para los campesinos sino que el capital se vinculara a ella, que no se debían hacer modificaciones a la reforma agraria oficial ya que de lo que se trataba era de comprobar la eficacia de las leyes vigentes y en ese sentido el gobierno mas bien debía procurar ofrecer adecuadas seguridades a los terratenientes para que continuaran su explotación sin sobresaltos. “Y ahora - increpó- solicita de urgencia la aprobación de este proyecto de ley de aparcería que reivindica las relaciones de servidumbre feudal en el campo, cerrando así un capítulo más de la incapacidad de esta oligarquía para resolver los problemas del campo”.

Hecho el anterior recuento, pasó el dirigente del MOIR a referirse a diversos aspectos de la ley, entre los que se destaca lo dispuesto en los artículos 28 y 29, en el sentido de evitar que las tierras puedan ser tocadas por el gobierno. “Pero esta ley tiene otra cosa más grave aún -dijo sobre el particular-, y es que con el simple hecho de conceder tierra en aparcería, quedan excluídos de la posibilidad de ser afectados por el INCORA los terratenientes que entreguen parcelas para cultivadores aparceros. Eso es lo que el ponente, Miguel Santamaría Dávila, expresidente de FEDEGAN, llama la mejor garantía que se da a los terratenientes con esta ley”. Y relató cómo se consagra, a la manera feudal, que el terrateniente deberá proporcionar en su latifundio una huerta al aparcero, destinada a mantenerlo atado a la tierra y en procura de disponer siempre de mano de obra a su servicio, pero bajo una pretendida intención de beneficio para el campesino y la economía nacional -como lo expuso Bertha Hernández de Ospina Pérez, ardorosa defensora del proyecto- porque dizque se promovería de ese modo la producción de “cultivos de pancoger”.

Para finalizar y luego de una extensa crítica de la ley, resaltó la imposibilidad de que pueda lograrse solución alguna para los problemas del campo en el marco del actual sistema, ya que sólo la revolución victoriosa, con la participación decisiva de los millones de campesinos necesitados de tierra podrá confiscársela a los terratenientes. “Nosotros predicamos la revolución agraria”, enfatizó Samper y puntualizó de esta manera: “Los campesinos comprenderán que no va a ser desde arriba, sino por su propia lucha que se desatará, a pesar de las amenazas conminatorias del Ministro de Gobierno contra las invasiones de tierras, el proceso sin el cual no habrá desarrollo en Colombia, que es acabar con toda la estructura latifundista arcaica del agro colombiano y abrir también así la puerta para el auténtico desarrollo industrial del país”.

ENJUICIAMIENTO DE LA CORRUPTELA OFICIAL

Desarrollar una vasta “campaña moralizadora” ha sido una de las fementidas divisas de la actual administración. El primer mandatario convocó en los primeros meses del año el Congreso a sesiones extraordinarias para someter a su consideración un proyecto bipartidista de reformas a la Contraloría. El 15 de abril, en el recinto de la Cámara el camarada Samper destapó el juego oficialista en los siguientes términos: con la reforma de la Contraloría “estamos viendo simplemente una rebatiña burocrática. Por encima de toda la sofistería... lo único que queda es la aspiración del oficialismo de cómo repartirse esta cuota de poder: unos 8.000 empleados, los auditores, los paniaguados de ustedes que se tienen que preparar para la mitaca, el equipito de agitadores que les haga mostrar su pequeño baluarte electoral a través de los funcionarios que puedan nombrar”. “Pero lo cierto -continuó- es que seguirá exactamente la misma corrupción. (...). Lo que se va a seguir dirimiendo es el problema de quién nombra, porque esta oligarquía parasitaria y burocrática simplemente tiene como recurso el de la repartición del presupuesto. Y la cuotica de poder de ustedes -enrostró a los parlamentarios de la coalición gobernante- es el presupuesto de la Contraloría”.

En septiembre ya, y cuando algún parlamentario quiso colocar a Laureano Gómez como ejemplo de honestidad y lucha contra la venalidad y descomposición públicas, Ricardo Samper lo interpeló para recordar el tétrico historial contra el pueblo de aquel jefe conervador quien fuera uno de los principales promotores de la violencia reaccionaria por muchos años. Ante la falta de razones para responder al representante del MOIR, algunos parlamentarios conservadores intentaron agredirlo alevosamente, motivo que lo llevó a dejar una enérgica constancia el 10 de septiembre en la que expresa: “No me extraña la actitud de los parlamentarios conservadores. Lo que hicieron contra mí, el intento de agredirme físicamente, lo vienen haciendo con miles y miles de compatriotas, campesinos y obreros colombianos en todas partes del país. Los gamonales conservadores, en la misma forma que los liberales, explotan y extorsionan a las masas, las reprimen y cuando así lo necesitan, recurren a peores métodos”. Mientras tanto, “seguiré llamando asesinos y criminales a los verdugos del pueblo. Seguiré combatiendo los cabecillas de la oligarquía y el imperialismo en Colombia al riesgo que sea preciso correr”.