ROBLEDO EN EL SENADO

Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

¿ES INÚTIL LA DIGNIDAD?

Crecen los reclamos por la indignidad con la que cada vez más Álvaro Uribe Vélez se relaciona con los poderes extranjeros, y especialmente con Estados Unidos. Basta con pensar en la sumisión ante la política exterior de Washington, el vergonzoso trámite del TLC o sus mandados al presidente francés. Producen vergüenza ajena. Cómo estarán las cosas que Semana se preguntó: “¿Qué hacer para recuperar la dignidad nacional?” (Jun.09.07) ...

También se oye decir: “¿La dignidad para qué?”, “eso no es práctico”, ¿“Quién come dignidad”? Posiciones que llevan a preguntar: ¿Valores como la dignidad, el honor, el patriotismo, la honradez o el heroísmo, para mencionar unos pocos, los elevó la humanidad a la categoría de superiores como una especie de bobería romántica, apenas buena para novelar la existencia? ¿Carecen de sentido práctico? ¿O, por el contrario, en la razón de considerarlos fundamentales se encuentra, precisamente, su enorme utilidad, tanta que los hace imprescindibles? ¿Puede una nación progresar sin ellos? ¿Y más si los pierden sus dirigentes?

Una fábula puede facilitar la comprensión de uno de los puntos de vista del debate. Dos niñas de origen popular y recién graduadas de la secundaria conversaron sobre su futuro. La primera, poseedora de los valores puestos en duda, explicó que ella trabajaría en lo que le tocara y aun cuando fuera duro y mal pagado. Pero que no haría nada que considerara indigno. La otra, burlona, comentó que su sentido práctico la llevaría a prostituirse, porque ella no iba renunciar a las que consideraba las cosas buenas de la vida. Que eso de la dignidad era un cuento inútil. Décadas después, las amigas se reencontraron. La primera, la que se aferró a sus principios, contó orgullosa que tenía una modesta pensión y acababa de pagar la pequeña casa en la que vivía con su esposo y dos hijos encantadores, El mayor era profesional y la menor estaba por darle su primer nieto. Que su vida había sido dura, pero había valido la pena. La que decidió enfrentar la vida “sin los lastres de la dignidad”, habló del mucho dinero que ganó, pero contó que estaba sola, luego de haber padecido humillaciones y a los chulos que le cobraron con maltratos y exacciones su “protección; que ahora enfrentaba un sida, y que de sus dos hijos, uno pagaba cárcel y el otro había desaparecido.

Con los países sucede que la indignidad de los gobernantes que los representan, con frecuencia les es pagada con cargos o comisiones por los beneficiarios de su entrega, pues separan la suerte personal de la suerte de la nación. Pero si los efectos de su indignidad cayeran sobre ellos, ¿les parecería que la dignidad es un valor superfluo? Si quienes ceden la soberanía, por ejemplo, padecieran personalmente por esa carencia, ¿la entregarían?

En Colombia, cuando se trata de ilustrar lo extremadamente inútil de un gesto, se dice que “es como un juramento a la bandera”. ¿Por qué sorprendernos que Álvaro Uribe, impunemente, pueda decir que el Plan Colombia es caballo regalado al que no se le mira el colmillo?

Bogotá, 22 de junio de 2007

PARAURIBISMO

Ante la decisión de la Fiscalía de dictarle auto de aseguramiento a otro representante a la Cámara, partidario también del presidente Uribe, a la que se le suma que en los últimos días la Corte Suprema de Justicia requirió a otros cinco congresistas uribistas para que den explicaciones por parapolítica, el senador Robledo afirmó: “Esta es una nueva confirmación de que el término parauribismo sí es una necesaria precisión en el lenguaje, que tiene total respaldo en la realidad”.

Robledo explicó que de los 16 congresistas presos o prófugos por la parapolítica, 15 son uribistas, es decir, el 94 por ciento, matemática que también sustenta al término parauribismo”. Y explicó que “estos amigos del Presidente obtuvieron 649.303 votos en las pasadas elecciones”.

El senador Robledo insistió en preguntarse cuándo será que el Presidente les dará alguna explicación a los colombianos acerca de por qué tantos y tan poderosos amigos políticos suyos terminaron enredados en la parapolítica. “Que Uribe, si quiere, diga que todo ocurrió a sus espaldas. Pero que diga algo”.

***

Ante el anuncio del ministro del Interior y de Justicia de que el gobierno no insistirá en modificar la leyes para sacar de las cárceles a los parapolíticos, reculada que sin duda obedece al repudio que su propuesta generó en Colombia y en el exterior, el senador Robledo comentó: “Se confirma que lo normal en este gobierno es que solo acierta cuando rectifica”.

Oficina de Prensa del senador Jorge Enrique Robledo, vocero Polo Democrático Alternativo. Bogotá, 19 de julio de 2007

ES DE DICTADORES SOMETER A LA CORTE

“Es de suma gravedad que el Presidente debilite a la Corte Suprema justo en el momento en que esta ha asumido con valor e independencia el caso de los parapolíticos y requiere del mayor respaldo de la nación. ¿O será precisamente para castigarla, para debilitarla, que el Presidente la ataca?... Cada nuevo hecho sobre la parapolítica compromete a más amigos del Álvaro Uribe, `al parauribismo`... Es el colmo de los colmos que el Presidente amenace con utilizar el gran poder presidencial para promover entre las barras bravas uribistas una especie de linchamiento de unos magistrados a los que el país debe respaldar…Así Uribe se empeñe en negarlo, lo que busca desde hace días es sacar de la cárcel a los parapolíticos amigos suyos”.

Boletín de la Oficina de Prensa del senador Jorge Enrique Robledo. Bogotá, 30 de julio de 2007

¿A QUÉ DEBEMOS DECIRLE SÍ?

Un periodista me dijo: “Senador, los dirigentes uribistas afirman que el problema con usted y con los del Polo es que a todo le dicen que no. ¿Qué opina? Dígales –le respondí– que antes nos falta tiempo para decirle que no a tanta iniquidad. O que sí debemos aplaudir:

¿Que el sesenta y seis por ciento de los colombianos, 28 millones, sobreviva en la pobreza y que alrededor de diez millones de ellos todas las noches se acuesten a dormir con dolor en sus estómagos, no por haber comido en exceso sino porque no comieron nada? ¿O celebramos que cada vez más, desde 1990, con el llamado “libre comercio”, sea más fácil ganarse un chance o una lotería que conseguirse un empleo estable y bien remunerado? ¿O saludamos que 2,5 millones de niños se encuentren por fuera de las instituciones educativas, ignominia que los condena a la ignorancia y, con ella, a la pobreza y la miseria? ¿O le decimos sí a la Ley 100 de salud, que mata más que todas las violencias que torturan al país, porque se diseñó con el perverso objetivo de supeditar el bienestar y la vida de la gente a las ganancias del puñado de negociantes que monopolizan el sector? ¿O quieren que aplaudamos las normas sobre pensiones, las mismas que sustituyeron el derecho por el negocio, las cuales, asociadas con el desempleo, hacen que a los colombianos se les niegue el trabajo, por viejos, a la edad de cuarenta años, pero se los considere muy jóvenes a los sesenta, cuando de trata de pensionarlos? ¿O agradecemos que las facturas de los servicios públicos constituyan un boleteo mensual que les quita el pan de la boca a tantos compatriotas? ¿O nos alegramos porque producir en Colombia, en el campo y la ciudad, más que un acto económico parezca un milagro? A todo esto, por supuesto –concluí–, los del Polo vamos a seguir diciéndole no, aun cuando, por razones obvias, se molesten los causantes de este desastre y quienes –sin deberse a ellos, porque carecen de ese poder– asumen una actitud complaciente frente a tal realidad.

Bogotá, 10 de agosto de 2007

QUE EL GOBIERNO ASUMA SU RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Apartes de la intervención en la plenaria del 20 de marzo de 2007

No hay crímenes buenos y crímenes malos, no hay secuestros buenos y malos, ni homicidios buenos y homicidios malos. En cierto sentido, al secuestrado poco le importa quién lo haya hecho. Pero para la sociedad, en cambio, no da lo mismo si quien delinque es un ciudadano del común o una persona que ejerce control sobre el poder del Estado. Uno de los propósitos principales del Estado es concentrar el monopolio de la fuerza. Monopolio que en el proceso de la civilización se va normatizando para que los funcionarios que actúan en nombre suyo no puedan abusar del enorme poder que les ha concedido la sociedad. Cuando hablamos entonces del paramilitarismo, de la parapolítica, de la parajusticia o del paraempresariado, señalamos un hecho monstruoso para el funcionamiento de la sociedad: el de grupos de personas que se organizan y rompen el monopolio de la fuerza para ponerla al servicio de propósitos privados, por fuera de cualquier tipo de control de signo democrático o incluso de cualquier forma de control.

La violencia que se ejerce desde el Estado o desde la presión de un paraestado, sea mayor o menor en su tamaño, no es equiparable a ninguna otra manifestación de rendimiento de la ley. Qué podrá haber más grave que, por ejemplo, a un campesino le quiten sus tierras y cuando pide la protección del alcalde, resulta que este es socio de quienes le robaron las tierras y cuando busca al personero, este también se halla implicado, y el juez y el policìa también. ¿Podrá haber una situación peor desde el punto de vista del funcionamiento de una sociedad civilizada? Ese es el fenómeno que estamos denunciando aquí hoy, un fenómeno que alcanzó proporciones dantescas. Entre los años 2002 y 2005 hubo 865.000 desplazados en Colombia por este tipo de violencia, muchos de ellos por la presión de los paramilitares, y algunos autores calculan que en total hay más de tres millones de personas desplazadas a las que se les han arrebatado entre dos y medio y siete millones de hectáreas, un atentado de proporción descomunal. Hay ejércitos privados que se arrogaron el derecho de establecer la pena de muerte, que en Colombia no existe legalmente. Entre 1991 y 2006 hubo 1.313 sindicalistas asesinados; y el año pasado, aunque el gobierno nacional dice que no fueron sino 25, las Centrales Obreras denuncian el asesinato de 84 de sus dirigentes. Algo monstruoso en un país medianamente civilizado. Por el mismo fenómeno cayeron muertos cuatro candidatos presidenciales, dos de la Unión Patriótica, uno del M-19 y el propio Luis Carlos Galán, que cayó asesinado en este ambiente de descomposición nacional. En el genocidio político de la Unión Patriótica murieron cerca de tres mil de sus militantes, ocho congresistas, trece diputados, sesenta concejales. Una cadena criminal quizá sin semejanza en otro país de la tierra.

Los datos de la Corporación Arco Iris

La Corporación Arco Iris afirma que en doce departamentos de Colombia hay un poder muy grande de la denominada parapolítica, con influencia en casi todos los restantes y que en el año 2002, bajo el amparo de estas fuerzas, fueron elegidos 28 senadores con sus fórmulas de Cámara. Recordemos que uno de los jefes del paramilitarismo declaró que tenían el 30% del Congreso. En el 2003, dice la misma Corporación, salieron elegidos bajo ese manto 285 alcaldes, seis gobernadores, 3.500 concejales. Y añade que en las elecciones del 2006 fueron elegidos 83 congresistas en zonas de gran control paramilitar, entre ellos 31 senadores. Se trata de un fenómeno de proporciones mayúsculas, como también lo es la violencia que ejerce la guerrilla, otro de los problemas que queremos resolver los colombianos.

Dejemos claro que sin importar cuál haya sido el origen de esos grupos, el fin no justifica los medios. Es esta una idea sin la cual Colombia no podrá salir nunca adelante. Sin importar qué tan sano sea un fin, qué tan altruista sea un propósito, ni siquiera el mejor y el más soñado de ellos autoriza a nadie a constituir organizaciones al margen de la ley, que procedan mediante la violencia contra sus compatriotas y que desaten olas de homicidios en distintas regiones del país.

Es muy dudoso que alguien pueda alegar que participa en estos asuntos como una víctima de las circunstancias. No, aquí muchas de las víctimas perdieron su vida por defender sus propiedades y la concepción democrática; aquí las víctimas fueron desalojadas de sus lares por no plegarse ante los asesinos. Luego no comparto el criterio de quienes aducen que los victimarios fueron víctimas. ¿Víctimas que terminaron convertidas en jefes políticos de importancia nacional? ¿Víctimas que acabaron apoderándose de millones de hectáreas de tierra? ¿Víctimas que se enriquecieron en proporciones astronómicas?

¿Parapolítica o parauribismo?

¿Cómo es este fenómeno de la parapolítica? He dicho algo que ha molestado bastante al doctor Holguín, hasta el punto de calumniarme en más de una ocasión, que a mí no me gusta el término de parapolítica, porque es impreciso, crea confusión, trasmite la idea de que todos los que estamos en política nos hallamos de una u otra manera vinculados a hechos criminales. Y sabemos que eso no es cierto. Me puse entonces un día en la tarea de esclarecer la verdad haciendo cuentas, para que quienes estén implicados sean los que respondan políticamente, porque no puede dar lo mismo estar en un partido implicado a estar en un partido ajeno a toda acusación.

Hoy, de 9 congresistas presos o prófugos, 9 son uribistas, el ciento por ciento. De 19 congresistas que, según El Tiempo, están en capilla, 17 son uribistas, el 89.5%. De 32 firmantes del documento de Ralito, 29 son uribistas, el 90%. En el caso del DAS, el director y su cúpula, toda comprometida y todos uribistas. De 3 gobernadores, 1 está preso y los otros 2 enredados, y son uribistas. La Corporación Arco Iris asegura que en zonas de paramilitarismo fueron elegidos 50 representantes a la Cámara, de los cuales 42 son uribistas, el 84%; 33 senadores también en las mismas circunstancias, y de ellos 31 uribistas, el 94%. Del total de los 83 congresistas que menciona la Corporación Arco Iris, 73 son uribistas, el 87%. Hay más de cien importantes jefes políticos del uribismo presos, prófugos, mencionados o sindicados en este escándalo de la parapolítica.

Me tomé entonces la libertad de acuñar un término y decir: aquí, más que parapolítica, lo que hay es parapolítica uribista, es decir, parauribismo. Me han dicho que no puedo insultar a los uribistas. No, ese no es un insulto, es una afirmación que tiene un sustento científico, las matemáticas son un instrumento de la ciencia.¿Todos los uribistas están involucrados en la parapolítica? Por supuesto que no. Lo he explicado hasta la saciedad. Pero el que cada uno de los uribistas no esté involucrado no niega las esclarecedoras cifras que he dado. Yo no insulto a nadie. Puedo decir cosas duras, porque son francas y tal vez molesten a algunos. Pero tengo el respaldo de los hechos. Y he dicho también algo muy cierto. Mi madre, que fue una mujer excepcional, falleció siendo uribista, pero no era parauribista. Por eso con toda cordialidad les digo a los uribistas: ¡No se pongan bravos conmigo, pónganse bravos con los parauribistas, que son quienes han armado todo este enredo! Y permitamos que la verdad avance, que la verdad se sepa, para que podamos resolver los problemas de Colombia.

Las denuncias, ¿un fruto de la seguridad democrática?

El gobierno dice que si lo del paramilitarismo se está destapando, se lo debemos a la política de la seguridad democrática. No comparto esa afirmación, porque no puedo entender cómo el presidente Uribe y sus amigos estén porque se sepa la verdad y cuando alguien dice algo a favor de que se conozca a fondo la verdad, lo acusan de todo tipo de desproporciones que apuntan a silenciar a quien se atreva a cuestionar.

El gobierno también aduce que la verdad se empieza a destapar por la Ley de Justicia y Paz. Pero la ley aprobada aquí no contenía como una de sus exigencias fundamentales el esclarecimiento absoluto de la verdad. Se necesitó un fallo de la Corte Constitucional para que la verdad se convirtiera en requisito sin el cual no podría accederse a los beneficios del perdón. Y cuando la Corte lo emitió, ¿saben que dijo el doctor Sabas Pretelt, ministro del Interior en esos días? “Estoy preocupadísimo y perplejo”. No le gustó el fallo (El Espectador, May.21.06)…Y uno de los senadores que está recluido en La Picota expresó: “La ley de justicia queda sirviendo para nada”, porque la Corte Constitucional pidió que se supiera la verdad. No pueden entonces ni el Presidente ni usted, doctor Holguín, mostrarnos esa Ley como el instrumento fundamental para que se conozca la verdad.

Pocos días después, en septiembre del año pasado, el comisionado de Paz afirmó: “Este es el momento de la verdad y no sé hasta donde el país está preparado para dar este paso” (Colprensa, Sep.03.07). ¡Cómo así que un vocero tan connotado del gobierno intenta meterle miedo al país para impedir que se conozca la verdad!

¿Y cuál ha sido la posición del presidente Uribe? ¿No se supone que lo sabe todo, que no deja cabo suelto, que está al detalle de lo que ocurre en el país por ser el presidente, el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Lo único que no sabía era esto de la parapolítica? No hemos visto a aquel presidente acucioso, entusiasta, poniendo todo el poder del Estado que él controla al servicio de que se conozca la verdad. ¿Y, además, por qué tan agresivo? Si es verdad que él quiere que se conozca la verdad, ¿por qué más se demora alguien en decir pío que él en clavarle un epíteto, como el de que uno es guerrillero vestido de civil, y todo tipo de improperios contra la oposición? ¿Qué pasó cuando las revistas Semana y Cambio se quejaron porque había nombrado a Noguera, ya ex director del DAS, como cónsul en Milán, premiándole con un cargo diplomático su participación en el escándalo que lo acosaba? ¿Qué hizo el Presidente? ¿Asumió una actitud democrática, republicana, de respeto a la libertad de prensa? No, todo lo contrario… No voy a leer sus frases, pero fueron insultantes, agresivas, y apuntaban a silenciar a esas revistas por atreverse a preguntar cuál era el fondo del asunto. Y con respecto al señor Noguera, hay que verle las flores al presidente Uribe: pongo la mano en el fuego por este personaje, que es un hombre incontaminado y una buena persona. Miren ahora todo lo que se sabe, en un asunto en el cual la responsabilidad política del Presidente está fuera de duda. Él puede pretextar que no eligió a los senadores involucrados, pero él sí nombró al señor Noguera. Era nada menos que el jefe de su policía secreta, cargo en el que solo le respondía a él. La responsabilidad política del jefe del Estado es aquí inmensa.

El Polo no hace combinación de formas de lucha

La posición del Polo está en su concepción programática, en sus estatutos, en sus declaraciones públicas. Le exigimos seriedad al gobierno: no puede haber dudas de que el Polo no combina las formas de lucha, que no tiene establecido en sus propósitos el empleo de instrumentos bélicos para resolver ninguna de las contradicciones y clama a favor de procesos de paz que nos conduzcan a resolver estos problemas en Colombia…

En un acto de desproporción inaudito, ministro Holguín, usted se atrevió a decirme en un programa de La Noche que yo, Jorge Enrique Robledo, y el MOIR habíamos auspiciado en Colombia el alzamiento armado y la combinación de las formas de lucha. Ese día le llamé la atención y le repliqué que eso no lo podía decir, porque no era cierto. Usted reculó en parte y afirmó: “No voy a decir que echar bala”, pero que sí hacíamos movilizaciones y luchas estudiantiles.

Unos días después, ante todos los medios de comunicación, se atrevió a hacer otra afirmación mentirosa, que yo espero rectifique esta noche: “Quienes durante cuarenta años, como el señor Robledo, le enseñaron a este país a que eran legítimas todas las formas de lucha para tomarse el poder y apelaron a todas las formas de lucha” (Feb.28.07. Noticias RCN TV del mediodía).

Sabemos que la combinación de todas las formas de lucha justifica, de un lado y del otro, el empleo de la violencia contra los contendores. Usted tenía que saber que el MOIR, y ese es uno de mis orgullos y de los orgullos de esta organización, que desde que empezamos en la vida política colombiana, por allá en la mitad de los sesenta, hemos estado en desacuerdo con el alzamiento armado y que no lo auspiciamos. Es historia de Colombia, que usted debe conocer, señor ministro. Y son muchos los colombianos importantes, incluso del gobierno, que pueden dar fe de lo que estoy diciendo.

Lo invito a que lea el libro Sofismas del terrorismo en Colombia (Planeta, 2005), de uno de sus ideólogos, José Obdulio Gaviria, que en las páginas 19, 20 y 21 le hace el reconocimiento al MOIR de haber sido una de las primeras organizaciones que en Colombia se opusieron al alzamiento armado. Usted tenía que saber eso y, sin embargo, tal vez molesto porque hablé del parauribismo, usted se sintió con el derecho, muy propio de la política nacional, de agredir al otro y mentir sobre sus actividades y posiciones. Ese no es un estilo democrático ni positivo.

CINCO AÑOS DE MAL GOBIERNO

En el quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez hay que decir que en el país de las presidencias malas seguramente la suya es la peor. Agravó las nefastas prácticas de sus antecesores y su único y auténtico aporte a la manera de mal gobernar a Colombia ha consistido en convertir en sistemáticas la demagogia y la manipulación, a partir de hacerlas tan omnipresentes en los medios de comunicación que parecen salidas de alguna dictadura de novela.

En contravía de una idea cuidadosamente trabajada, lo cierto es que la “seguridad democrática” ha sido bastante menos eficaz que lo presentado por la propaganda oficial, que le exagera sus efectos. De acuerdo con la fundación Seguridad y Democracia, que dirige Alfredo Rangel, en 2006 hubo en Colombia un secuestro cada 32 horas; los combates con grupos alzados en armas llegaron a 2.176, equivalentes a seis diarios, 23% más que el año anterior; los sabotajes sumaron 595 contra 435 en 2005; los paros armados pasaron de cinco a 19; y los retenes ilegales ascendieron a 119. El propio Uribe ha tenido que aceptar que miles de paramilitares no entraron en el proceso que diseñó en su beneficio y que tres mil de los que sí lo hicieron volvieron a las andadas, problemas que pretende resolver mediante una nueva definición del término paramilitarismo, truco que no sorprende viniendo de quien insiste en que “no hay conflicto”. ¿Paz de verdad, sin monopolio del Estado sobre las armas?

Aunque se diga lo contrario, el crecimiento económico de Colombia, aceptando las cuestionadas cifras oficiales, no tiene como causa fundamental la “seguridad democrática”, sino el auge de la economía mundial, que disparó los precios de las materias primas, redujo las tasas de interés y aumentó los flujos de capital. Y también obedece a las remesas de los colombianos en el exterior y a los éxitos de los narcotraficantes. Por lo demás, esas tasas no son sostenibles, y siete países latinoamericanos, donde como es obvio no gobierna Uribe, crecieron más que Colombia en el mismo período.

El crecimiento se ha concentrado en monopolios y trasnacionales, porque si algo caracteriza a Uribe es su decisión de establecer en Colombia una plutocracia, principalmente a favor de los magnates extranjeros –dada la desnacionalización de la gran propiedad en el país–, a quienes ha enriquecido más a punta de gabelas: entrega a bajo costo de los recursos naturales, conversión a menos precio de los monopolios públicos en privados, disminuciones en los impuestos, subsidios, envilecimiento de las condiciones laborales. Pero con la desfachatez enfermiza que lo distingue, el 20 de julio fue capaz de afirmar que él procura una economía “social”, “diferente” a la del “desacreditado capitalismo de los monopolios”.

La indignidad de las relaciones de Uribe con Estados Unidos llegó a tanto, que hasta dentro del círculo de sus favorecidos le ruegan que, “por favor, no más”. Como era de esperarse con un imperio que, como todos, “no tiene amigos sino intereses”, su sometimiento le ha salido muy costoso a Colombia. Al revés de su retórica, las importaciones han crecido 2,6 veces más que las exportaciones y el TLC arruinará y anquilosará más el aparato productivo nacional, incrementando los altos índices de desempleo, pobreza y miseria. Y es bien difícil encontrar un pacto peor tramitado, incluso en la propia lógica de quienes se presentan como “socios” de Washington, mediocridad que se intenta ocultar con groseras agresiones al Polo y a los sindicalistas colombianos, a quienes así se les cobra su oposición al TLC. ¿Se puede ser demócrata sin respetar y proteger el sindicalismo?

Entre las realidades que persiguen a Uribe en Colombia y en el exterior a pesar de sus truculencias, resalta la parapolítica. Porque sus actitudes y el trámite y contenido de la ley de reducción de penas a los paramilitares generan dudas de todo tipo, para decirlo con toda suavidad, incluso desde antes de sus descaradas y repudiables presiones a la Corte Suprema de Justicia para mejorarles las normas. Y porque cada día es más cierto el calificativo de parauribismo, tal y como lo ratifica que 92% de los congresistas con orden de detención pertenezcan a las fuerzas del Presidente. ¿Cuándo será que va a dar alguna explicación al respecto?

Bogotá, 27 de julio de 2007