SAQUEO E IGNOMINIA EN GUAJIRA Y CESAR EN LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN

Gustavo Triana, Comité Ejecutivo de la CUT, Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

Contratos para el interés extranjero

De los complejos mineros de Guajira y Cesar se extrajeron para el mercado externo 56 millones de toneladas de carbón en 2006, por un valor de 2.913 millones de dólares, riqueza que en un alto porcentaje fue a las arcas de las multinacionales BH-Billinton, Drummond, Glencore y Angloamerican. Entre tanto el dueño del recurso, la nación, y los departamentos y los municipios, recibieron juntos 563 mil millones de pesos como regalías por los 65.5 millones de toneladas producidas en todo el país. Las regalías representan entre 10% y 15%, según el volumen de producción de cada mina y las estipulaciones acordadas en los diferentes contratos.

Las minas a cielo abierto de El Cerrejón, en Guajira, y La Loma, La Jagua de Ibirico y Becerril, en Cesar, tienen inmensas reservas de carbón de alto poder calorífico, bajo contenido de azufre y cenizas y bajos costos de extracción y transporte que ponen a Colombia como el primer productor de América Latina y el cuarto exportador mundial. Situación altamente ventajosa para el país, toda vez que el carbón junto con el petróleo y el gas son la base de la generación de 80% de la energía mundial. Es bueno mencionar que Estados Unidos, el mayor consumidor de energía del planeta, depende del carbón para producir el 48% de su electricidad.

Llama la atención que Colombia no se beneficie de tan privilegiada posición y que los distintos gobiernos sean genuflexos en el manejo de tan estratégicos recursos. Por obra de las multinacionales y la oligarquía colombiana, la riqueza del carbón ha pasado de ser signo de prosperidad a maldición para los trabajadores y los pobladores de estos enclaves imperialistas.

Esta historia comienza en 1976, con la firma del contrato de asociación entre Carbocol, empresa del Estado, y la multinacional Exxon para la explotación de El Cerrejón, en el que se estipuló una participación del 50-50 tanto en las inversiones como en la distribución de la producción, después de pagar a la nación, el departamento y el municipio una regalía total del 15%. Y se impuso que el operador sería el socio extranjero, lo que facilita los aprovechamientos y las estafas contra la nación: sobrefacturación en los costos del ferrocarril y el puerto de Bahía Portete, que para la fecha de declaración de comercialidad de la mina, 1980, hicieron que la inversión de Carbocol fuera de 1.600 millones de dólares y no de los 900 proyectados inicialmente. Así lo denunciaron en su oportunidad la Contraloría General de la Nación y destacados analistas y académicos.

Durante el largo periodo de precios internacionales bajos y de balance negativo por la lenta tasa de retorno de tan costosa inversión se mantuvo vigente el contrato de asociación, y Carbocol asumió cuantiosas pérdidas que se le cargaron a Ecopetrol. Pero, vaya pillaje, una vez que los precios repuntaron a finales de los 90, y cuando el complejo se había pagado en su totalidad y faltaban diez años para que la mina con todas las instalaciones revirtiera al Estado sin costo alguno, Andrés Pastrana les vendió a Billinton, Glencore y Angloamerican la parte de Carbocol por 430 millones de dólares. Estas transacciones estuvieron precedidas del acuerdo de prórroga del contrato de asociación hasta 2034, aunque debía expirar en febrero de 2009. Y se incluyó la exclusividad para la utilización del puerto que da ventajas monopólicas. Este proceso convierte el contrato de asociación inicial en un leonino contrato de concesión, como en los tiempos de la colonia española.

Pero la ignominia no para ahí. Virgilio Barco firma en 1988 un contrato de concesión sobre el yacimiento de La Loma, Cesar, a la multinacional gringa Drummond. Ernesto Samper aprueba en 1996 la comercialidad del yacimiento. El contrato contempla un pago de regalías del 15% y unos términos respecto a la liquidación de las mismas, las deducciones por el valor del transporte al puerto, el manejo ambiental y las ratas de extracción, lleno de gabelas. Esto dio origen a numerosas denuncias y pedidos por revisión de organismos de control, parlamentarios, autoridades locales, columnistas y la población organizada. Por ejemplo, para calcular el valor de deducción del transporte del carbón de regalías, o sea, lo que le toca a la nación, la multinacional cobraba como si fuera llevado por río hasta Cartagena; pero cuando se empezó a llevar por tren, Drummond aumentó unilateralmente en 32% esta tarifa. Lo que llevó a la Contraloría a ordenar reembolsarle a la nación 40 millones de dólares, en fallo del pasado semestre. En la concesión tampoco se contempla un mecanismo efectivo de cuantificación del volumen extraído y en consecuencia las regalías se pagan sobre los reportes de producción que hace la multinacional, pues el Estado no hace ninguna fiscalización. Además se hizo una azarosa modificación del contrato para explorar y explotar petróleo y gas con iguales condiciones a las establecidas para el carbón. Para colmo, en el otrosí para la asignación de sesenta mil nuevas hectáreas, la nación acepto incluir una clausula que determina que cualquier ventaja concedida, en materia de regalías, a otro productor de carbón, será automáticamente reconocida a la Drummond. Estas dos últimas concesiones a la multinacional las hizo el gobierno de Álvaro Uribe. Condiciones similares se adoptaron en las concesiones otorgadas a Prodeco, Carboandes y Carbones del Caribe, este último del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril. Estas minas fueron recientemente adquiridas por Glencore. De esta manera se consumó la desnacionalización del carbón de estos departamentos.

Graves daños ambientales

Las multinacionales no son nada respetuosas del medio ambiente ni del entorno social de los enclaves mineros. Los problemas son desoladores para la región, desplazamiento y desalojo de comunidades por la declaratoria de zona de explotación minera; contaminación de fuentes de agua incluidas las corrientes subterráneas; cambio del curso de ríos y quebradas; contaminación del aire y las tierras con polvillo de carbón; deterioro de las vías por el tránsito de más de mil tractocamiones y otra maquinaria pesada; inseguridad total a todo lo largo de la línea férrea que fue cedida en monopolio a Drummond, empresa que tiene trato preferencial en la ubicación del puerto y anuencia del gobierno nacional para utilizar la modalidad de embarque más contaminante.

Y debemos destacar dos daños de consideración estratégica para la región, la perdida de área de uso agropecuario por la declaración de zona de explotación minera; y el irreversible deterioro que se le está provocando a la bahía de Santa Marta, al convertirla en un inseguro e inadecuado puerto carbonero, donde ya hay grave deterioro en sus playas y acumulación de partículas de carbón en el lecho marino. Todo esto incide negativamente en la vida de millones de colombianos y se hace para favorecer las arcas de las multinacionales y eximirlas de responsabilidad social y ambiental. Es la lógica lacaya de darle garantías al capital extranjero a costa de graves daños para la población.

Los trabajadores resisten

El saqueo imperialista ha traído consigo las más desalmadas prácticas antiobreras: asesinato de sindicalistas, persecución sindical, tercerización, negación de derechos y falta de seguridad social, entre otras violaciones.

En El Cerrejón hay 4.700 trabajadores vinculados directamente y 4.000 en firmas contratistas. En la mina de Drummond cuarenta contratistas explotan a 2.500 trabajadores mientras que solo 2.000 son beneficiados por la convención. En el puerto de Prodeco, en Santa Marta, pocos obreros están amparados por la convención y la gran mayoría están por contrato temporal y se les prohíbe afiliarse al sindicato.

En las minas saqueadas hoy por Glencore la extracción se hizo desde su inicio por el sistema de contratistas y de esta manera se eludía la contratación directa, pero la lucha de los trabajadores ha obligado a que la multinacional empiece a asumir la operación. La situación sigue siendo censurable, de una población de mil trabajadores tan solo la mitad tiene vinculación directa.

Las empresas de la minería se han caracterizado por la indolencia total con las enfermedades profesionales y con la seguridad industrial, los enfermos y accidentados ya se cuentan por miles. Sus representantes aliados con los funcionarios de las EPS, del ministerio de la Protección Social y otras autoridades, están eludiendo las obligaciones de rehabilitación, reubicación, indemnizaciones y jubilaciones que reconoce la legislación nacional. Su intención es dejarle al estado este grave problema.

La enconada lucha librada por los trabajadores y sus organizaciones sindicales Sintracarbon, Sintramienergetica, y Funtraenergetica, ha permitido en parte conquistar los derechos de asociación y negociación y hoy existen convenciones colectivas de trabajo en El Cerrejón, Drummond, Glencore y los puertos. Quedan, sin embargo, más de 8.000 obreros del carbón que sufren el oprobio de la tercerización. Las organizaciones sindicales han avanzado en la lucha nacionalista y reivindicativa de los asalariados de estas multinacionales, permanecen firmes en la brega por alcanzar el reconocimiento de los derechos para estos compañeros y se vinculan cada vez más con otros sectores sociales para el rescate de esta riqueza nacional.