SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEBEN SER DERECHOS FUNDAMENTALES

Tribuna Roja

En Bogotá, el 21 y 22 de julio, se reunió el Primer Congreso Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios. Más de 1.400 delegados, de varios centenares de organizaciones de usuarios, sindicales, comunales, ambientales, ONG y centros de investigación, dedicaron estos dos días al estudio, análisis y toma de decisiones, frente a la situación que padecen la mayoría de los colombianos por causa de los costos y la baja calidad de los servicios públicos domiciliarios.

El Congreso: un proceso de unidad

El Congreso definió programa, métodos de lucha y normas de funcionamiento, y aprobó el plan de acción de la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos Domiciliarios, nombre que la mayoría escogió para la naciente organización. Desde el mes de junio del año anterior, un encuentro comprometió la voluntad de varias Ligas y del periódico El Usuario para acoger e impulsar todas las manifestaciones unitarias de este sector, y con la Alianza por Servicios Esenciales Dignos de Medellín organizaron el evento Lucha Popular y Servicios Públicos. Y allí decidieron asistir al Foro Servicios Públicos Domiciliarios, una Década de Miseria y Exclusión, que con el patrocinio de Sintra¬emcali y la Internacional de Servicios Públicos ISP, se realizó en Cali en noviembre.

Estos eventos fueron ganando en la unidad de las diversas fuerzas y así se creó la Coordinadora Nacional de Usuarios, que preparó la reunión de enero de 2005 en Manizales, y la Jornada Nacional y Apagón de Protesta que se hizo en febrero. En marzo, el Primer Seminario Nacional de Dirigentes acordó una propuesta de programa, métodos de lucha y normas de funcionamiento, documentos básicos discutido en los encuentros, seminarios, foros y congresos departamentales que se llevaron a cabo en todo el país en los meses previos al Congreso. La organización contó, además, con una mesa en Bogotá, que facilitó la consecución de recursos y aportes de fuerzas sindicales, como Sintrate¬lé¬fonos, y de grupos ambientalistas y de ONG, como Censat-Aguaviva y Planeta Paz y muchos más que sumaron para el éxito del proceso.

La situación de los servicios públicos

El Congreso analizó los cambios marcados en la prestación de los servicios públicos por la apertura económica, la Constitución de 1991 y la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994, impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por los partidarios del consenso de Washington y, como respuesta, el nacimiento de las primeras organizaciones de usuarios, a finales de 1994, cuando comprendieron que los neoliberales se proponían entregar al capital privado nacional y extranjero y, a menos precio, las empresas del Estado, incrementar las tarifas y crear nuevas contribuciones para el sector comercial e industrial no-monopolista, reducir los subsidios y los consumos básicos de subsistencia, y elaborar nuevas fórmulas para el cálculo de las tarifas, al igual que modificar y extender la estratificación que aplicaban las empresas en todo el país.

Esta política, impulsada sin reservas por los últimos gobiernos, significaba que los servicios se convertirían en negocios, los usuarios en clientes y el patrimonio nacional sería privatizado, llevó a que los sectores populares promovieran la resistencia civil y democrática para enfrentar las medidas que desde los despachos oficiales se trazaban contra el pueblo.

Once años después, el balance de la apertura y la privatización es catastrófico. Lo que hoy tenemos son poderosos monopolios privados que extorsionan a los usuarios y transfieren pingües utilidades a sus casas matrices. Las tarifas son proporcionalmente más elevadas que antes, y la cobertura y la calidad se diluyen en los abrumadores cortes del servicio. Al aplicar las reformas laborales lograron empobrecer a los trabajadores y dar mayores utilidades a las multinacionales. De otra parte, el ahorro y la acumulación de riqueza nacional se redujo. Y la corrupción y la politiquería han cometido toda clase de desmanes contra los bienes públicos y estatales.

La política de servicios públicos en el gobierno de Uribe

Otra conclusión del Congreso fue que durante el gobierno de Uribe Vélez, la situación ha empeorado. El Plan de Desarrollo uribista, es «más de lo mismo»: mayores recortes en los consumos básicos de subsistencia y en los subsidios, más alzas en las tarifas, nueva estratificación y más privatizaciones. Y engendros como las «empresas de energía social», las zonas especiales y los «fondos de capitalización social», como el de Emcali.

Este gobierno pone el énfasis de su política en la entrega del agua y los sistemas de acueducto y alcantarillado al capital privado. Transnacionales como Aguas de Barcelona, Aguas de Roma, Dragados de España y la francesa Aguas de Lyon se toman el sector. Por concesión se delega la administración y se garantiza la utilidad del privado, mientras la inversión en infraestructura de redes queda en manos del Estado. Al tiempo, se tramita la entrega de bosques, parques naturales y fuentes de agua. Las leyes de Agua y Bosques y la concesión de los Parques Naturales, constituyen el marco propicio para otorgar estos recursos vitales a las transnacionales, convertirlos en simples mercancías, feriar la biodiversidad y volver negocio los recursos naturales, base de la prestación de los servicios públicos.

Leyes y decretos del uribismo hacen invivible la vida de los usuarios: aumentan los cortes del servicio, se promueven embargos y remates de las viviendas de los morosos, se amenaza con cárcel el no pago y, sin consideración alguna, se factura un alumbrado público que en muchas ocasiones ni prestan. Imponen contadores comunitarios y sistemas prepago. Hasta los acueductos veredales están amenazados. Y, como si fuera poco, se elevan los avalúos catastrales y el impuesto predial.

El gobierno respalda la descapitaliza¬ción de empresas, para que retornen a sus casas matrices la inversión inicial. Propicia que los contratos de venta de energía -PPA- se sostengan con cargo a los usuarios. Define las fórmulas tarifarias con el criterio de elevar las tasas de utilidad de los inversionistas, y autoriza a las empresas de energía el cobro de la revisión de las instalaciones internas, contadores y acometidas externas de las viviendas y comercios.

Los servicios públicos y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

De especial interés en el Congreso fue el tema del TLC. A pesar del empobrecimiento generalizado de la población, el gobierno insiste en la apertura y las privatizaciones. «La apertura no es una equivocación, es una conspiración», y ahora quieren llevarla a su máxima expresión, suscribiendo el Tratado de Libre Comercio. Con el TLC, los servicios serán sometidos, aún más, a los intereses de las multinacionales. Los gobiernos no les podrán exigir nada porque estarán sujetos a una legislación internacional, con tribunales de arbitramento privados para la solución de los conflictos.

La estrategia de los norteamericanos es convertir los servicios públicos en nuevos negocios para sus monopolios, y para lograrlo exigen libre acceso al mercado colombiano, libre operación, eliminación de cualquier tipo de regulación, y trato nacional, así no tengan presencia en nuestro territorio De esta manera, el imperio aspira, como lo señalan con franqueza sus agentes, a convertir a Colombia en un mercado para sus bienes, capitales y em presas de servicios, donde pueda actuar libre de aranceles y donde le sea posible hacer negocios, garantizar sus inversiones, proteger sus capitales y explotar una mano de obra barata. Bien barata.

El programa de la Unión

El programa de la Unión, aprobado en el Congreso, promueve la resistencia civil y popular a las políticas de apertura y privatización, y al Tratado de Libre Comercio -TLC- con los Estados Unidos.

De la misma manera, exige la eliminación de los artículos 365 a 370 de la Constitución Nacional y la derogatoria de las leyes 142 y 143 de 1994, y llama a luchar porque la política estatal de servicios públicos se defina de manera soberana, libre de las imposiciones del FMI. Y convoca a defender la propiedad y el carácter estatal de las empresas de servicios públicos y a rechazar la privatización parcial o total de las mismas.

La Unión luchará también por una legislación nacional que defina a las empresas de servicios públicos como entidades estatales para prestación de servicios con calidad, amplia cobertura y altamente subsidiados. Y porque los servicios públicos domiciliarios sean derechos fundamentales de los colombianos. Además, luchará porque el agua y demás recursos naturales, relacionados con la generación y prestación de servicios públicos domiciliarios, sean bienes inalienables de la nación e indelegables en su administración y operación.

Además de aprobar los métodos de lucha y las normas de funcionamiento, el Congreso definió un plan de acción que contempla, entre otras actividades:

1. El respaldo a la consulta popular sobre el TLC, promovida por el movimiento sindical, universitario y comunal. Aprender de la experiencia de los pueblos indígenas.

2. El apoyo al paro nacional del próximo 12 de octubre, que promueven la Gran Coalición Democrática, las Centrales Obreras y otros sectores populares del país,.

3. Una Jornada Nacional de Protesta en noviembre de 2005, y promover diversas acciones legales y jurídicas, entre ellas el referendo para eliminar los artículos 365 a 370 de la Constitución Nacional y por la derogatoria de las leyes 142 y 143 de 1994.