Sobre las instituciones agropecuarias: ES DEBER DEL ESTADO APOYAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL

(Ponencia presentada en el Congreso de Unidad Agropecuaria por Álvaro Rodríguez Soto, miembro del comité directivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA)

Dos épocas distintas La Reforma Constitucional de 1968 transformó las instituciones del sector agropecuario. El Instituto Nacional de Alimentos, INA, se convirtió en Idema; el antiguo Departamento de Investigaciones Agropecuarias, DIA, pasó a ser ICA, y se creó el Inderena.

El Incora nació después de los acuerdos del Frente Nacional, por Ley 135 de 1961 que obedece a la política trazada por Estados Unidos en la reunión de mandatarios latinoamericanos de Punta del Este, en Uruguay, como respuesta al advenimiento de la Revolución Cubana.

La Caja Agraria, el Fondo Nacional del Café, el Banco Cafetero y el Banco Ganadero ya existían y sobreviven, pero estos dos bancos ya están privatizados y a la Caja pretenden llevarla por el mismo camino.

Lo que va de Punta del Este a nuestros días marca una importante diferencia. La Iniciativa para las Américas, de George Bush, anunciada en su discurso del 27 de junio de 1990 como una política global, es la más grande ofensiva de recolonización. Trae consigo la absoluta libertad comercial y cambiaría, conocida entre nosotros como apertura; la confinación del país a la microempresa; la subasta del sector estatal de la economía; la entrega de la banca al agio y a la especulación internacionales, valga decir, el desvalijamiento y el vasallaje.

Con la Alianza para el Progreso se promueven las reformas agrarias, los pactos y convenios comerciales ante las necesidades políticas que imponían la guerra fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que se disputaban el control del mundo. En ese período, gracias a que Estados Unidos estaba ocupado en su enfrentamiento con los soviéticos, vivimos un despunte en algunos cultivos y negocios pecuarios: por ejemplo, en los años setenta se llegaron a exportar más de 200 mil cabezas de ganado anuales. Pero la banca multilateral y los monopolios, especialmente los norteamericanos, salieron gananciosos con la venta de sus insumos, implementos y créditos a tutiplén, que todavía pagamos como parte de la deuda, cuyo servicio asciende hoy a la cuarta parte del presupuesto nacional. Porque fueron fundamentalmente las importaciones de excedentes agrícolas norteamericanos, hechas a través del Idema, las que endeudaron al Instituto favoreciendo a los agricultores extranjeros. En 1990, tales importaciones pasaban del millón de toneladas. Con la política del Incora se endeudó al país y los monopolios de agroquímicos incrementaron sus ventas. El ICA promovió la Revolución Verde, paquete tecnológico fuera del cual no había salvación, y que creó el mercado nacional para toda clase de agroquímicos. "Los países que juegan su destino al azar, los que mariposean frívolamente sobre todas las teorías económicas sin preocuparse por identificar aquella que corresponde a la índole genuina de la nación, terminan tarde o temprano en el debilitamiento y la extinción de sus instituciones en medio del caos y la violencia". Sentencia premonitoria de Raimundo Sojo Zambrano, ex presidente de Fedegan, una víctima más del caos que él denunciara.

El 10 de octubre de 1990, Francisco Mosquera, gran pensador y consecuente batallador por los intereses de la nación y del pueblo, alertó al país sobre las amenazas contenidas en el aluvión de medidas permisivas de la apertura económica del mandato recién impuesto, y dijo: "Las labores del agro, además de perder el soporte de los créditos de fomento y de los precios de sustentación, tendrían que enfrentarse a la competencia devastadora de los suministros extranjeros". En ese momento denunció que "el gerente del Idema, Darío Bustamante Roldán, egresado de la Universidad de los Andes como muchas de las nuevas figuras que aspiran desde los altos puestos a ganarse el título de Padres Destructores de la Nación, fue el encargado de exponer el desmantelamiento del Instituto, cuyas ejecutorias se irán limitando a ’las regiones apartadas’, en procura de que ’gradualmente y sin traumatismos, los agentes particulares se hagan cargo de las importaciones de alimentos’ ".

El resultado, siete años después, son importaciones agrícolas que pasan de cuatro y medio millones de toneladas, lo cual ha significado la ruina del sector empresarial más importante y avanzado del agro colombiano en beneficio del capital extranjero. Quebrada la espina dorsal de la economía agropecuaria, el país comienza a transitar por un túnel en el cual la producción y las ciencias naturales retroceden y el trabajo se envilece. Desaparece lo mejor de nuestras tradiciones y lo más avanzado de nuestras experiencias y conocimientos del sector. Liquidado prácticamente el Idema, privatizado el ICA, el Inderena convertido en Ministerio del Medio Ambiente, destinado a cumplir el humillante papel de entregar sumisamente nuestros incomparables recursos de la biodiversidad a los traficantes de las patentes de la vida. El Incora, "redimensionado" por la Ley 160 de 1994, "dinamizará el mercado de tierras estimulando la oferta mediante la promoción y participación de sociedades inmobiliarias rurales privadas", según su gerente de entonces, Tiberio Alzate Vargas. Los nuevos adalides del "redimensionamiento" dicen que los campesinos se acostumbraron al paternalismo estatal y, para oponerse a eso, dicen que la reforma agraria también debe ser un negocio de carácter privado en el que el papel del Incora-sea asesorar a campesinos y propietarios en las negociaciones sobre tierras y crear zonas de reserva.

"cuando se trate de ejecución de proyectos de alto interés nacional, tales como los relacionados con la exploración y explotación de recursos minerales y otros de igual significación", como es el caso de las zonas de especial riqueza biológica, tan apetecidas por los monopolios. Con la avalancha de compañías y consorcios multinacionales disputándose el control de nuestros territorios, es bien diciente la prohibición de "titular baldíos en un radio de 5 km alrededor de explotaciones mineras o petroleras", mientras proponen crear "reservas con el objeto de prevenir asentamientos en zonas aledañas a las zonas donde se adelantan exploraciones o explotaciones petroleras o mineras". Ante la ausencia de una política seria y coherente que respalde al campesino, se le convoca a la "participación ciudadana" en toda clase de juntas y comités donde terminan ahogadas sus aspiraciones; se le concede el derecho de revocar mandatos, de constituir veedurías, de entablar tutelas y, al fin, termina imponiéndose un modelo de economía para indigentes. Jamás se propone un plan que contenga metas para desarrollar el campo.

La Caja Agraria también fue "modernizada": eliminados la asistencia técnica y 540 agropuntos, que prestaban servicios a los campesinos; rematadas las plantas de semillas, todo un patrimonio público nacional perdido. Sus 846 oficinas, de las cuales 471 están en sitios donde no existe otro servicio, pero todas en franco retroceso por la política privatizadora que paso a paso descapitaliza esta institución.

Urge un cambio en la política agropecuaria En defensa de las instituciones del sector, es indudable que se requiere la derrota del modelo neoliberal imperante. Además de la posición asumida por la Unidad Cafetera Nacional, se advierte igual orientación en varios sectores de la opinión pública, que bien vale la pena destacar a manera de conclusiones:

Con la firma de los magistrados Humberto Mora Osejo, Jaime Betancurt Cuartas y Diego Younes, el Consejo de Estado, el 20 de noviembre de 1992, conceptuó a propósito de la privatización del ICA: "El proyecto no solo deroga la función esencial del ICA que constituye su razón de ser, la investigación, sino que le prohíbe realizarla directamente, para que la asuman, sobre todo, entidades privadas". Y concluye: "El ICA, una vez reestructurado, perdería la atribución de contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario y de la economía nacional, a través de la investigación, la transferencia de tecnología, la capacitación y la producción agropecuaria."

En el XV Congreso Nacional de Cultivadores de Cereales, la Contraloría General de la República, planteó: "El sector agropecuario se compone básicamente por numerosos productores pequeños y medianos que, por el nivel de sus ingresos, no pueden asumir por sí solos, o a través del mercado, tareas que conlleven un mayor nivel de desarrollo. Todo esto justifica la participación estatal en el agro, porque de lo contrario la mano invisible del mercado llevará a un cambio de actividad a muchos agricultores. En este país el Estado no puede reducirse a ser simplemente un árbitro de las luchas de las fuerzas del mercado.

El XV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, celebrado en Pereira en julio de 1993, se pronunció en apoyo a un "Plan de defensa de la producción y los intereses nacionales".

Finalmente, esta comisión debe concluir en el convencimiento de que las instituciones agropecuarias sólo servirán si su actividad beneficia el desarrollo nacional y la vida material de la población, y no al capital extranjero. Por tanto, su carácter no puede ser privado, puesto que se regiría por ley del máximo lucro en detrimento del interés público, del avance científico, de la seguridad alimentaria de la nación.