Sostenibilidad fiscal y regalías: Menos derechos sociales, más plutocracia


Juan Pablo Fernández, Tribuna Roja Nº 111, enero 13 de 2011

Recientemente, la Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, decretó el fin de la recesión en Estados Unidos, la más larga desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Obama señala que “muchas personas aún sienten la realidad de la recesión”; la Reserva Federal habla de desaceleración generalizada; el FMI expone cómo el déficit comercial norteamericano sigue siendo cuantioso, el fiscal no cesa de crecer –ambos valen US $1,9 billones– y la deuda pública bordea el 100% del PIB y tambien que la recuperación “no es ni sólida ni equilibrada” y “corre el riesgo de no ser sostenida”. La crisis norteamericana, extendida a Europa y el resto del mundo, tiene a los gobiernos de las potencias aplicando ajustes económicos que favorecen los intereses del capital financiero y recortan los derechos de sus pueblos. Por nuestros lares, el gobierno colombiano renuncia a programas que cimienten las bases del progreso de la nación y, siguiendo la tónica del Norte, profundiza la lógica plutocrática.

El uribo-santismo entierra los derechos sociales

Los afeites con los que Santos se “embellece” no ocultan su naturaleza continuista. “Libre comercio” y sumisión ante poderes extranjeros son el camino. Sostenibilidad fiscal, regla fiscal, primer empleo, profundización de la lógica de la Ley 100, reforma tributaria, reforma arancelaria y el “nuevo peso”, son las medidas que propone el gobierno. Santos busca restringir más el gasto social, concentrar los dineros de la regalía en el gobierno central y consignar recursos en fondos en el exterior –que hoy rentan menos del 1%– para garantizarles a los dueños de la deuda pública que sus amortizaciones e intereses serán servidos oportunamente. El desbarajuste de las finanzas públicas y las distorsiones monetarias, muy propios de la apertura económica, buscan suavizarse con medidas que más que contrarrestarlos, los agravarán. Ante la libertad de capitales y de comercio, el caos se convierte en regla.

El gobierno expone que la sostenibilidad y la regla fiscal fortalecen “el proceso de ajuste realizado a lo largo de la última década”. “Prometo sudor y lágrimas”, fue la frase con la que el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, explicó los efectos del programa de ajuste “pactado” con el FMI en 1999. De este y los posteriores acuerdos emanaron reglas fiscales (la dos reformas a las transferencias, la Ley 617 de 2000, de ajuste a los entes territoriales) que recortaron las transferencias para educación, salud y agua potable en más de 70 billones de pesos, y que a departamentos y municipios les impusieron restricciones que los llevaron a tener superávit presupuestarios por $13 billones entre 2001 y 2009, “balanceando”, junto a otras entidades descentralizadas, el déficit del gobierno nacional. Los menores recursos transferidos y los superávit impuestos desmejoraron la calidad de la educación, sirvieron de base para la crisis territorial de la salud y empeoraron la cobertura real en el servicio público de agua. Contrario sensu, se abonó el campo para que la deuda pública entre 2000 y 2009 pasara de $64 a $177 billones, a pesar de que su servicio costó $263 billones y los nuevos préstamos $266 billones.

Elevar a principio constitucional la sostenibilidad fiscal subordina el gasto social a la camisa de fuerza de las metas numéricas de la regla fiscal, que no resuelven las dificultades macroeconómicas, pero que sí harán que la Corte Constitucional mesure “las consecuencias fiscales de sus fallos”. A futuro, sentencias que reconocen derechos fundamentales como la que establece la reparación integral de las víctimas, la que en 2001 obligó al gobierno a mantener el poder adquisitivo del salario de los funcionarios, las que indican que la calidad de los servicios de salud debe elevarse, entre otras, no se repetirán y dejarán de ser un precedente para las decisiones judiciales.

Para Santos es imperativo poner coto a los fallos constitucionales, pues “la fijación de verdaderas políticas públicas en materia de aplicación de los derechos sociales, a través de sentencias (…) puede generar graves riesgos en el manejo de la economía”. Si los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial reconocen la violación de los derechos sociales o quieren ampliar su alcance, la sostenibilidad fiscal lo prohibirá. Se podrán incluso desmontar garantías establecidas legalmente, como el régimen de prima media. El ancla de la sostenibilidad fiscal, junto con la política del Banco de la República, creará “mejores condiciones” para que los intereses del capital financiero estén por encima de los derechos a la vivienda digna, a la educación y salud universales, oportunas y de alta calidad, etc. La tutela perderá los dientes. Es el entierro de la parte garantista de la Constitución de 1991.

Santos quiere expropiarles las regalías a los entes territoriales

El paquete santista lo integra también la reforma a las regalías. Se habla de una bonanza petrolera, que hasta ahora no aparece. Los Ministerios de Hacienda y de Minas, a pesar de que las reservas actuales llegan a 1.988 millones de barriles de petróleo, proyectan que entre 2010 y 2020 produciremos 4.981 millones. El historial en perforación de pozos, la baja probabilidad de hallazgos y la suma de reservas por revaluación de campos existentes, no alcanzarán para lograr las metas proyectadas. La mayor producción de crudos pesados, por los que se paga un menor precio internacional y gozan de un descuento de 25% en la regalía, tampoco da base a las alegres cifras gubernamentales.

Las bonanzas petroleras se sustentan en dos pilares: descubrimientos de reservas superiores a 500 millones de barriles y la participación estatal en la renta petrolera. Esta última, como consecuencia de las reformas de Pastrana y Uribe al contrato petrolero, cayó de 80 a 42%. La regalía, que antes de 2002 era del 20%, hoy en promedio es del 11%, siete puntos por debajo del promedio internacional. ¡El peor contrato petrolero del mundo!, en menoscabo del interés nacional. Eso sí, con grandes beneficio para las trasnacionales.

El efímero incremento en la producción petrolera, que en tres o cuatro años declinará, tiene además un propósito oculto. Se extrae más crudo porque así lo necesita Estados Unidos, no porque las demandas nacionales lo ameriten. La mayor extracción de hidrocarburos, combinada con la obligación de consumir agrocombustibles, genera mayores exportaciones –que desde 2005 han crecido 130%– al país del Norte, contribuyendo a solventar su abultado déficit energético.

A raíz del descubrimiento de Cusiana, se propuso en 1995 ahorrar recursos en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Argumentos como el de la equidad intergeneracional, la revolución científica y evitar la Enfermedad Holandesa, también afloraron en aquellas calendas. Ninguna de las promesas se cumplió. La Enfermedad Holandesa, fenómeno causado por una entrada masiva de divisas que revalúa la moneda y causa estragos en el agro y la industria y un proceso de especulación inmobiliaria, no se contrarrestó. Luego el fondo de ahorro de regalías que se creará, donde pararán entre 30 y 50% de los dineros que ingresen, quedarán guardados en el exterior sin poder ser tocados, a pesar de las crecientes necesidades de la población. Además, el mecanismo del ahorro, sin modificar el libre flujo de capitales, no evitará desbarajustes macroeconómicos.

El quid de la reforma es, entonces, quitarles a los entes territoriales el derecho constitucional a decidir sobre el gasto con las regalías. Crecerán las carencias presupuestales de los departamentos donde se ubican los yacimientos de hidrocarburos y minerales, y con la reforma el gobierno definirá los gastos. En adelante, la plata de las regalías será invertida en macroproyectos que vendrán acompañados de macrocontratistas, desplazando a los medianos y pequeños empresarios nacionales. Más plutocracia, menos democracia.

El imperialismo crea las condiciones para su derrota

Reformas como la de las regalías, dice el gobierno, combatirán “la malversación y la corrupción” de los recursos públicos. En repetidas ocasiones los neoliberales han empleado falsos moralismos. Ocultan, con acusaciones acomodaticias, que la peor corrupción es la que ellos ejercen: con sus actos, al igual que los antenorenses del noveno círculo del Dante, condenados por traición a su patria, propician el saqueo de nuestros recursos y subyugan nuestra nación ante el imperialismo.

Las reformas aún no son aprobadas. Y contra ellas crece el rechazo. En La Guajira, Cesar, Santander, Arauca, Meta y otros departamentos productores de hidrocarburos y minerales se conformaron comités en defensa de las regalías y se integró por dirigentes de todos los colores políticos el comité nacional para coordinar las protestas. Aunque el tiempo apremia, los meses venideros son propicios para continuar desenmascarado la demagogia gubernamental y mediante la lucha civil y democrática impedir estos proyectos, contrarios a los intereses de las mayorías nacionales. El Polo Democrático Alternativo apoya esa justa lucha

“Una mirada histórica –escribió Héctor Valencia– revela que lo que la humanidad ha vivido durante más de un siglo es una lid entre los pueblos y el imperialismo, lid que en esencia corresponde al implacable antagonismo, sin conciliación posible, entre polos contrapuestos, el proletariado y los linces financieros”. Y agregaba: “Los grandes señores del capitalismo imperialista siguen condenados a crear las propias condiciones de su derrota”.