TERRORISMO OFICIAL CONTRA DIRECTIVOS SINDICALES

Gustavo Manjarrés, operario de locomotora de los Ferrocarriles, apareció muerto el pasado 7 de noviembre en la estación de Girardot, 58 días después de que fuera retenido en la base militar de Tolemaida. El cuerpo del trabajador mostraba claras señales de tortura. A las nueve de la noche, según testigos presenciales, cuatro camiones repletos de soldados cercaron la estación del ferrocarril y dejaron en un andén el cadáver de Manjarrés. Luego militarizaron la población para impedir las protestas de la ciudadanía. Se conoció también que Marco Aurelio Romero, secretario general del Sindicato ferroviario en Girardot, permanece detenido en Tolemaida, a donde fue llevado el 25 de agosto. Romero presenta heridas en la cara y tiene quemaduras en los pies, al parecer causadas por un ácido.

Un comunicado suscrito por el Comité Regional de Solidaridad de Cundinamarca exigió en días pasados la inmediata libertad de Romero y reclamó del movimiento sindical una campaña enérgica para salvar su vida.

Protestas por asesinato La Asociación Médica Sindical (ASMEDAS), presidida por Eduardo Arévalo Burgos realizó el 21 de noviembre una jornada de protesta en todo el país, para denunciar el asesinato del doctor Humberto Rodríguez, perpetrado el 10 de noviembre en Cali por el F-2. El profesional valluno descendía de una buseta en compañía de su anciana madre, cuando fue muerto a quemarropa.

Los médicos residentes e internos del hospital Universitario de Cali llevaron a cabo paros escalonados para exigir que el gobierno ponga término a los constantes atropellos contra el personal adscrito a los servicios de salud. Voceros de ANIR rebelaron que alrededor de 40 médicos han sido retenidos y torturados por el ejército en los últimos meses.

Militarizado Acueducto de Bogotá En la madrugada del 27 de octubre, una patrulla de la policía dejó malherido en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas a Gustavo Mejía, presidente del Sindicato del Acueducto de Bogotá.

La policía dijo que se trataba de un “accidente de tránsito”. Directivos del sindicato denunciaron, empero, que Gustavo Mejía ya había sido víctima de un primer “accidente”, cuando sujetos desconocidos lo agredieron a mediados de septiembre para quitarle una libreta de apuntes. A más de esto, el dirigente venía recibiendo llamadas telefónicas amenazantes.

El intento criminal hace parte de una escalada represiva que incluye el nombramiento de militares en cargos importantes de la empresa, el llamamiento de 45 trabajadores reservistas a servicio militar – incluidos directivos de Sintracueducto – y la militarización de las instalaciones.

Otro atentado Alfredo Morales, presidente del Sindicato del Minhacienda, actualmente en huelga, denunció que en la mañana del 17 de noviembre y en el momento en que salía de su residencia, 12 matones le tendieron una emboscada, de la que solo pudo escapar ileso gracias al oportuno auxilio de los vecinos.

Según lo afirma el boletín difundido por Sintrha, el gobierno de Turbay busca aplastar con violencia el movimiento que adelanta los trabajadores de ese Ministerio.

Despotismo turbayista en Anchicayá El régimen ha declarado la guerra al Sindicato de Trabajadores de Anchicayá, en el Valle. En los meses posteriores al cobarde asesinato del vicepresidente de la junta directiva, Manuel Salvador Montoya, perpetrado por agentes secretos a mediados de 1979, el ejército detuvo a Ángel M. Nazarith, Eliud Gómez, Rafael Rueda, Julio H. Mena, Héctor F. Vargas, José del C. Barreto y Bernabé Casas, directivos y activistas de la organización, a quienes se trasladó a un sitio de torturas llamado “La Remonta”. Allí los compañeros fueron sometidos a los castigos más salvajes. También fue detenida Elizabeth Caicedo, esposa de Eliud Gómez, un mes después de haber dado a luz.