TRABAJADORES IMPIDEN QUE LAS TRANSNACIONALES ENTREN A SACO EN EL ESTRATÉGICO SECTOR

Por Eberto López, presidente de Sittelecom y miembro del comité ejecutivo de la CGTD

Tras cuatro meses de firme batallar en defensa del patrimonio público y la soberanía nacional, los 8.300 asalariados de Telecom firmamos el pasado 7 de agosto la nueva Convención Colectiva que, al igual que en abril de 1992, impidió subastar, como lo pretendía el gobierno, el rentable servicio de la larga distancia a las trasnacionales y a los consorcios financieros privados. Se derrota así por segunda vez la llamada apertura en este sector, vital para el pleno ejercicio de la soberanía. Con su patriótica posición, los trabajadores vuelven a comprobar que el único camino posible contra las políticas privatizadoras impuestas por Estados Unidos es el del combate frontal y sin vacilaciones.

El creciente auge que va cobrando la pelea antimperialista del pueblo colombiano, de la cual el reciente conflicto hacía parte; el generalizado repudio a una apertura económica que sólo ruina y malestar le ha traído al país, a su industria, a su agricultura, a las masas laboriosas; y la debilidad de Samper, derivada de su posición obsecuente y sumisa ante los cada vez más exigentes mandatos del imperio, configuran los tres factores que sirvieron de marco al movimiento y permitieron la victoria.

Fue sobre esa base como los hombres y mujeres de Telecom decidieron fijar como objetivo cardinal del pliego petitorio el mantener para Colombia los estratégicos servicios de larga distancia, ambicionados por poderosos monopolios.

El pliego presentado constaba de 48 puntos. Pero el aspecto básico no fueron esta vez los capítulos meramente económicos o reivindicativos, sino los que aspiraban a defender la soberanía y el patrimonio público, o, como los trabajadores los acabaron bautizando, la parte política.

No ceder ante la ofensiva del gobierno era para nosotros un deber. Tal había sido el mandato de nuestros afiliados. Y fue así como logramos superar el primer obstáculo, con la consigna de que el pliego debía discutirse según el orden en el que estaba elaborado: primero las políticas, es decir, el porvenir de Telecom y sus servicios, como pilar y garantía para el resto de puntos, que hoy pasan a integrar nuestra Convención. El argumento era bien sólido: si Telecom quedaba destruida por el voraz turbión privatizador, ¿de qué nos servirían después las reivindicaciones meramente económicas?

Finiquitada esta primera fase, nos tropezamos con decenas de propuestas sobre el punto de larga distancia, a cuál más lesiva para los intereses nacionales. El sindicato había tomado la firme decisión de empeñar a sus dirigentes y activistas en el combate denodado por alcanzar la meta propuesta. Lo clave, finalmente, fue el respaldo entusiasta de la gran masa de los trabajadores cuando se dio la orden, el 1° de agosto, de iniciar en todo el país la asamblea permanente. Una vez más se puso en claro, como lo había sido ya en la huelga gloriosa de 1992, que la intentona privatizadora sí puede conjurarse con las armas invencibles de la unidad, la lucha y la solidaridad.

En materia económica, merecen destacarse el punto que mejora la estabilidad, el que unifica el sistema salarial-prestacional y los avances en materia de auxilios y bienestar. Se firmó un incremento de 19.5 % para 1996 y del IPC nacional causado para 1997. La política oficial que apuntaba a ligar la productividad al aumento de los sueldos no pudo prosperar.

En lo interno, desechando lo secundario, debemos mantener la unidad con los compañeros del sindicato de industria ATT y desplegar esfuerzos en torno al objetivo central, que es la defensa de la soberanía en el sector de las telecomunicaciones. Hay que poner en práctica la meta aún pendiente que acordaran la ATT y Sittelecom el 5 de marzo de 1996: dotar de un solo organismo sindical a los trabajadores de la empresa.

La firma del acuerdo levantó una oleada de furiosas protestas entre los Grupos financieros - principalmente El Tiempo, quizá el más directamente interesado en el negocio- y entre reconocidos voceros de los consorcios multinacionales, que incluso anuncian que van a demandarla Convención. No hay día en que su prensa no saque a relucir las intenciones revanchistas. La amenaza de violar el acuerdo convencional, hasta ahora velada, parece estar cobrando fuerza en ciertos medios oficiales.

Para impedirlo, aprestémonos a defender y desarrollar el Capítulo Segundo de la Convención Colectiva. Hay que abrir un debate nacional sobre la inconveniencia de la apertura en una arteria tan vital para el progreso del país. Se nos impone como tarea urgente adelantar contactos con centrales obreras, dirigentes políticos patriotas, académicos de prestigio, cuerpos legislativos, gremios económicos, entidades representativas de la comunidad, administraciones departamentales y municipales, en fin, con todos los sectores sociales, para poder ir deslindando campos entre quienes se hallan dispuestos a defender resueltamente el interés de la nación y quienes lo traicionan. Debemos asimismo preparar los distintos foros en los que habrán de pulsarse las posturas patrióticas con las entreguistas.

Y frente a la ofensiva de las trasnacionales, nuestra línea sigue siendo la misma: salvar a Telecom como patrimonio del Estado y ejercer cabalmente la soberanía.