UNA LECCIÓN PARA APRENDER DE LOS OBREROS TUMAQUEÑOS

En el extremo sur-occidental del departamento de Nariño, a orillas de la bahía de Tumaco, un puerto de 100 mil habitantes que acaba de sufrir ingentes pérdidas por el terremoto del pasado 12 de diciembre, están ubicadas las instalaciones principales de una de as empresas madereras más grandes del país.

Fundada en 1955 por un grupo de industriales colombianos que terminó declarándose en quiebra 8 años después, la factoría que hoy se conoce con el nombre de Maderas y Chapas de Nariño fue adquirida a finales de 1967 por la Potlach Forests Inc., a un costo de 120 millones de pesos, después de una oscura transacción financiera con otro consorcio multinacional que había comprado los pasivos de la fábrica en 1963.

Los magnates de la Potlach recuperaron con creces el capital inicial que habían invertido y remitieron a la metrópoli millones de dólares en ganancias. Posteriormente vendieron las acciones de la compañía a una sociedad colombo-norteamericana conformada por Jack Simplot, acaudalado hombre de negocios, y Oliverio Phillips Michelsen, pariente cercano del ex presidente Alfonso López. Los nuevos propietarios saquearon una buena parte de los recursos forestales de la Costa del Pacífico, estafaron al fisco durante años sucesivos y amasaron una fortuna muy jugosa con el sudor de medio millar de asalariados tumaqueños, hasta cuando la situación cambió para los unos y los otros, intempestivamente, en la madrugada del 9 de agosto de 1977.

Ese día, 580 trabajadores burlaron la vigilancia de la fuerza pública y ocuparon los talleres, las bodegas, los depósitos de materia prima y todos los edificios de la empresa. Un obrero de la planta de triples, relata: “Llevábamos siete meses peleando con los patronos para que nos pagaran 14 semanas de salarios atrasados que nos debían, sin contar las horas extras, las primas, las prestaciones sociales y eso que llaman ahora los intereses a las cesantías. Habíamos hecho paros, huelgas, desfiles y manifestaciones de protesta sin que el gobierno tomara cartas en el asunto. Una mañana amanecimos con la noticia de que los dueños se habían ido de Tumaco sin cancelarnos la deuda. Entonces resolvimos tomarnos la fabrica, apoderarnos de la maquinaria y poner esta vaina a producir para nosotros mismos”.

Hoy, al cabo de dos años y medio, con el único apoyo de su propio esfuerzo y sin ayuda oficial, los proletarios de Maderas y Chapas de Nariño todavía se mantienen en sus puestos de trabajo. Para ellos han sido 28 meses de trabajos continuos de una lucha larga y difícil. Una lucha cuyos orígenes se remontan a 1963, cuando los yanquis sacaban de la selva tumaqueña las primeras trozas de cuángare, y que aún no ha terminado.

Los iniciadores del negocio Poco tiempo después de que la Potlach Forest Inc, se estableciera en el puerto de Tumaco, algunos dirigentes sindicales denunciaron que los abogados de la compañía habían sobornado a las altas esferas del Inderena para conseguir una concesión forestal de 143 mil hectáreas, sobre los ríos Mira y El Jagua; en una región que abarca inmensas extensiones de tierra en varios municipios del departamento. El Ministerio de Agricultura, como era de esperarse, se apresuró a negar rotundamente el hecho. Lo cierto fue que el 17 de octubre de1969 se descubrió que dos encumbrados funcionarios públicos habían recibido un cheque irregular por 327.795 pesos, y que el día 23 del mismo mes se acordaron los términos del decreto que adjudicaba a la empresa una superficie de bosques naturales equivalente al 4.6% del territorio de Nariño.

La maniobra despojó de sus parcelas a centenares de pequeños propietarios, indígenas y campesinos, que cultivaban sus fundos en calidad de colonos independientes. Los que se oponían a dejar sus campos de labranza eran expulsados de ellos a la fuerza; los que se quedaban tenían que alquilarse por temporadas, mano de obra barata para los intermediarios de la compañía. Esta última aumentó sus ingresos hasta el punto de que pudo acaparar dos años más tarde la mayoría de las acciones de Aserríos Iberia Ltda., que detentaba a su vez otra concesión de 72 mil hectáreas sobre las riberas del bajo Patía. Las dos factorías asociadas ampliaron su capacidad de producción y llegaron a convertirse en la fuente de empleo más importante de la zona. Alrededor de 800 familias trabajadoras dependían directamente de los salarios que se pagaban todas las quincenas en las ventanilla de la administración, y un número muy grande de corteros, balseros, estibadores y contratistas laboraban a destajo para sus amos norteamericanos, hundidos hasta las rodillas en los guandales de la manigua por miserables jornales de simple subsistencia.

Una idea aproximada de la explotación a que estaban sometidos estos esclavos del monopolio imperialista se puede deducir de los siguientes datos. A los “nativos”, como se les dice despectivamente a los hombres que se internan en la selva con sus mujeres y sus hijos, durante semanas enteras, para talar los árboles del bosque y arrastrarlos hasta las vegas de los grandes ríos, la empresa les compraba las trozas a razón de 80 centavos el pie tablar. Este mismo pie tablar transformado en pie cúbico y enviado a los mercados extranjeros era vendido en dólares por el equivalente a 22 pesos. Una investigación realizada en 1977 demostró que Maderas y Chapas de Nariño exportaba un promedio de 5 millones de pies cúbicos de madera el año, y que la casa matriz de los Estados Unidos, durante el tiempo que operó en Tumaco, recibió dividendos por un valor cercano a los 1.190 millones de pesos colombianos.

Por otra parte, la deforestación criminal de la compañía contribuyó de manera decisiva a que las reservas maderables de la Costa del Pacífico, según estadísticas del Inderena, pasaran en pocos años de 2 millones 560 mil hectáreas a 843 mil, reduciéndose en un 68%. Enormes terrenos de bosques ricos en toda clase de especies fueron arrasados por los “winches” de la Potlach. Los obreros trabajaban en jornadas agotadoras por salarios de hambre y sus dirigentes eran perseguidos a la menor señal de insubordinación. Los dueños de pequeños y medianos aserríos, obligados a ganarse el pan en condiciones muy desventajosas, no podían competir con el poderío económico de los yanquis y tenían que enajenar sus medios tradicionales de vida al mejor postor. Un anciano cotero de los playones del Mira, que todavía recuerda las épocas en que “uno cogía mil quintales de corteza de mangle y los feria por dos centavos”, resumió los años de saqueo del consorcio norteamericano con estas palabras: “Lo que esos señores le dejaron a Tumaco, repartido entre 100 mil tumaqueños, no alcanza ni para comprarle una lata de sardinas a cada uno”.

Una estafa tras otra En 1971, la Potlach Forest Inc, vendió sus pertenencias en Tumaco por una suma considerable de dinero y trasladó sus toldas fuera del territorio nacional. Sus años de pillaje en el departamento de Nariño habían sido más que provechosos para ella. Había contado con el apoyo incondicional de los gobiernos de Lleras Restrepo y de Pastrana y con la generosa colaboración de gamonales políticos, alcaldes, tinterillos, ministros, y otros funcionarios. Los impuestos que pagaba al Estado eran insignificantes. Y para completar el cuadro, las disposiciones que reglamentan la inversión extranjera en el país, le proporcionaron todos los instrumentos legales que necesitaba para escabullirse de Colombia, impunemente, después de haberse enriquecido a expensas de miles de compatriotas.

La nueva sociedad que se formó para adquirir la empresa estaba constituida por un accionista mayoritario de nacionalidad colombiana, Oliverio Phillips Michelsen, por el ciudadano norteamericano Jack Simplot, conocido en su tierra de origen por sus ejecutorias millonarias como agricultor y comerciante. Ambos personajes continuaron la tala indiscriminada de bosques y obtuvieron grandes beneficios; en un solo año, 1973, produjeron una cifra aproximada a los 17 mil metros cúbicos de triplex y exportaron a los Estados Unidos más de 61 mil toneladas de madera.

No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que el primo del ex presidente Alfonso López, siguiendo una antigua tradición familiar, se dedicara a hacer de las suyas con los ingresos de la factoría. Envalentonado con el triunfo del Mandato Claro en las elecciones de 1974, Oliverio Phillips Michelsen incurrió en un largo historial de malos manejos administrativos, giró cheques sin respaldo por varios millones de pesos, se endeudó con bancos y corporaciones financieras y dilapidó los fondos de reserva, todo ello en complicidad con numerosos amigos y familiares enquistados en la nómina. Satíricamente, los tumaqueños cuentan que “eran tantos los conocidos y parientes que él nombraba en los cargos bien retribuidos de la compañía, que hasta el perro de su casa devengaba honorarios como celador”.

La consecuencia inmediata de semejante corruptela recayó sobre los hombros de 580 asalariados de Maderas y Chapas de Nariño, y de millares de campesinos corteros que laboraban por contrato en los puestos de compra o aprovechamiento de la empresa, hasta donde llegaban remontando la corriente de los ríos, una vez a la semana, los remolcadores venidos de Tumaco, para llevarse las balsas de virola, de sajo o de tangaré.

En el mes de agosto de 1976 el binomio Phillips Simplot ordenó destituir masivamente a los operarios de distintas secciones de la fábrica, y comenzó a retrasarse cada vez con más frecuencia en el pago de las trozas a los colonos. En septiembre dejó de cancelar salarios en las plantas de triplex y molduras, con una disputa diferente todas las quincenas, y al finalizar el año le estaba debiendo a los trabajadores 14 semanas completas de remuneración, sin tener en cuenta las primas, los seguros médicos, las horas extras y demás “abalorios y chucherías”, como el ex presidente López denominaba las prestaciones sociales de las clase obrera.

Una vez más, los verdaderos forjadores de la riqueza forestal de la costa del Pacífico habían caído en las redes del fraude. Pero en esta ocasión, al igual que en tantas otras regiones apartadas de Colombia durante el cuatrienio del Mandato Claro, la respuesta no se hizo esperar.

Primeros enfrentamientos El 31 de enero de 1977, cuando ya se había vencido el plazo para el pago de los intereses a las cesantías, el proletariado maderero se lanzó a una huelga de 24 horas que terminó en desfiles callejeros de miles de manifestantes. Durante los meses de febrero, marzo y abril se desató una oleada de persecución patronal contra los dirigentes del paro. Muchos de ellos fueron despedidos con el consentimiento explícito del Ministerio de Trabajo y tuvieron que salir a buscar el sustento para sus familias en una ciudad como Tumaco, que ostenta uno de los índices de desocupación más altos del país, y en donde los capataces de la política liberal–conservadora acaparan las pocas oportunidades de empleo o las otorgan previo el “enganche” obligatorio del voto y con la entrega anticipada de la cédula de ciudadanía.

Mientras tanto, la paciencia de los trabajadores iba llegando al límite del agotamiento. El 27 de mayo se concentraron el campo de aviación, impidieron el aterrizaje de una nave comercial proveniente de Cali y programaron una nueva marcha para la semana siguiente; el régimen lopista incrementó los allanamientos y la detenciones contra los miembros más destacados del sindicato, pero el descontento de los desposeídos siguió creciendo en forma incontenible. El viernes 10 de junio se apoderaron por segunda vez del aeropuerto. Un avión de Satena que esperaba en plataforma no pudo despegar, y la pista de asfalto se pobló de troncos, piedras, llantas incendiadas y viviendas improvisadas en cartón que sirvieron de albergue a los obreros, a sus esposas y a sus hijos, durante cinco días consecutivos.

El sábado por la mañana las mujeres de los huelguistas recorrieron las calles del puerto haciendo reuniones en las casas y mítines en los sitios públicos, y en menos de 8 horas habían recogido entre la población toda la solidaridad necesaria para que sus compañeros continuaran en la lucha. El domingo 12 de junio una inmensa multitud se volcó sobre las vías de acceso al aeropuerto para respaldar a los combatientes de Maderas y Chapas de Nariño. El lunes 13 los estudiantes de bachillerato se adueñaron del Puente del Morro en violentos choques con el ejército, y en todo el casco urbano se comenzó a respirar una atmósfera de rebeldía que amenazaba con desbordarse de un momento a otro. El gobernador del departamento destituyó entonces al alcalde para reemplazarlo por un comandante militar, cuyo primer decreto fue la implantación del toque de queda a partir de las 6 de la tarde, sin que la medida lograra detener las movilizaciones de protesta en los barrios populares. Por último, el martes 14 de junio al anochecer, una avioneta oficial aterrizó en Tumaco con cinco millones de pesos que solamente en parte mínima podían cubrir las acreencias de los asalariados.

Jack Simplot y Oliverio Phillips Michelsen abandonaron las instalaciones de la fábrica algunas semanas después, cuando aún le estaban debiendo a los trabajadores una suma que en la actualidad se eleva a más de 130 millones de pesos. Con los corteros independientes, que talaban los árboles del monte destroncando las riberas de los ríos hasta la frontera con el Ecuador, también habían contraído obligaciones cuantiosas. En cuotas al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, en impuestos al municipio, en regalías al Inderena, en créditos con bancos privados y estatales y en decenas de contratos más, los protegidos del “Hijo del Ejecutivo” quedaron con un saldo en rojo que en total asciende a 335 millones de pesos y que todavía hoy se han negado a cancelar. Lo cual no ha sido obstáculo para que a Oliverio Phillips Michelsen se le haya premiado con la presidencia de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), una guarida de burócratas supuestamente encargada de la reforestación de bosques naturales, pero que en los últimos cuatro años no ha reforestado ni siquiera el 1% de las áreas desbastadas por los grandes monopolios madereros.

Una pelea que apenas comienza Con el robo al proletariado de Madera y Chapas de Nariño y el cierre de la factoría, dos hechos que se consumaron con el visto bueno del gobierno de ese entonces, una tercera parte de la población laboriosa de Tumaco, que en una u otra forma dependía de la actividad de esta industria, perdió su fuente de ingresos y muchas personas se vieron abocadas a la ruina. Otra manera, no tan sencilla de conseguir un nuevo empleo, es buscar algún padrino dentro de las filas de la administración pública local, corrompida por un destacamento de caciques liberales y conservadores al servicio del Samuel Alberto Escrucería, el veterano parlamentario turbayista que entre las gentes del pueblo se conoce como el “Anastasio Somoza del imperio tumaqueño”. Pero los trabajadores no quisieron rebajarse a eso; por el contrario, el 9 de agosto de 1977 resolvieron traspasar las cercas de alambre que rodean los edificios de la empresa, tomarse los talleres de las oficinas, ocupar las plantas y la maquinaria y ponerlas a marchar bajo la dirección del sindicato.

Con un préstamo de 114 mil pesos que utilizaron para adquirir materia prima y solucionar otros problemas urgentes, los obreros hicieron funcionar los tornos, las prensas y rebordeadoras. Los campesinos corteros volvieron a empuñar el hacha en los lugares de aprovechamiento. Los remolcadores reiniciaron la navegación por las quebradas y los ríos arrastrando las balsas kilométricas de troncos engrapados. Se organizaron los horarios, se estipularon las normas de la disciplina y la repartición de utilidades, los “corrales” se llenaron otra vez de trozas y 580 operadores regresaron a sus puestos de trabajo. Hoy en día están produciendo un promedio mensual de 160 toneladas de triplex y 15 mil metro cúbicos de tabla rasa.

Al principio, la labor de los nuevos gestores de la empresa fue bloqueada por los antiguos propietarios mediante toda clase de intrigas y de sabotajes que contaron con la aprobación de las autoridades. Luego tuvieron que realizar nutridas manifestaciones de protesta para que la aduana de Tumaco les entregara unas lijas importadas sin las cuales no es posible el pulimento del triplex, y que por órdenes superiores se encontraban oxidándose al aire libre en los muelles del puerto. Algunos meses después, siguiendo indicaciones de Ecopetrol, la Texas Petroleum Company se negó a venderles el combustible que requerían para mover las calderas. El 18 de octubre de 1979 una resolución del Inderena les canceló el permiso para continuar la explotación de los bosques en una buena parte de las concesiones de la compañía. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, el terremoto del pasado 12 de diciembre dejó sin techo a la casi totalidad de los trabajadores y desniveló los gigantescos tornos que descortezan la madera. Ninguna de estas dificultades, sin embargo, ha conseguido detenerlos en su empeño de seguir hacia delante.

Recientemente, en una campaña demagógica destinada a demoler las conquistas que han alcanzado los obreros al cabo de 28 meses de esfuerzos y de sacrificios, el régimen turbayista les ha propuesto la constitución de una cooperativa para que sean ellos mismos los que acaben pagando las deudas de Jack Simplot y Oliverio Phillips. Con el señuelo de que la fábrica pasaría a ser propiedad de los asalariados, la iniciativa del gobierno pretende que éstos aporten sus propias acreencias como capital inicial, y que se comprometan a cancelar las demás obligaciones contraídas por los anteriores dueños en un plazo máximo de seis años.

Sobran las razones para demostrar que semejante propuesta solo busca legalizar la estafa y proteger a los estafadores, como ocurrió hace pocos años con los proletarios de las minas norteamericanas en las regiones auríferas de Antioquia y el Chocó. Una cooperativa controlada por funcionarios oficiosos del señor Turbay Ayala sólo puede conducir a la quiebra, al peculado o a la ruina. Los trabajadores madereros de Tumaco, que han luchado durante tantos años, contra sus opresores nacionales y extranjeros, sabrán eludir la trampa y persistir en el combate.