Universidad a Distancia: UN FRAUDE PARA LA EDUCACIÓN

No obstante el énfasis dado por Belisario Betancur y su gobierno a sus proyectos "bandera", aquel de la "educación abierta y a distancia" es de los que más fehacientemente han puesto en evidencia la demagogia que caracteriza su estilo. Durante la campaña electoral, el "candidato nacional" dejó entrever vagamente la posibilidad de que cualquier colombiano, con el solo requisito de acreditar su cartón de bachiller, podría hacerse doctor sin necesidad de asistir a muchas clases. Semejante perspectiva, en un país donde año tras año el 60% de los bachilleres queda marginado de las universidades, generó entusiastas expectativas.

Tan sólo doce días después de su posesión, el presidente promulgó el decreto 2412 de 1982, mediante el cual fue creada y reglamentada la educación abierta y a distancia.

A la carrera, el gobierno pretendía cumplir con sus ofrecimientos; y a la carrera, por lo mismo, aprovecho la existencia jurídica de la Universidad Estatal del Sur de Bogotá, Unisur, creada en las postrimerías del mandato de Turbay, para adaptarla como centro piloto de su experimento.

El primer y fundamental obstáculo residía, sin embargo, en la financiación de un proyecto tan ambicioso, inspirado en logros de países como Inglaterra y España, donde los expertos duraron décadas diseñando sus programas. Así las cosas, el gobierno optó por la vía más expedita: quitarles parte de su magro presupuesto a las universidades públicas.

Unisur proyectó servir a 97.500 estudiantes para 1986, iniciando con unas 7.500 matrículas en 1983, cuando abrió su primer programa, el de "ingeniería de alimentos". Los inscritos superaron tales previsiones; cerca de 10.000 bachilleres iniciaron un programa que les exigiría un mínimo de seis años y medio de estudios, de los cuales tres para un membrete provisional de "tecnólogos", uno y medio de trabajo obligatorio (sin fuentes de empleo establecidas) y otros dos para su titulo como ingenieros. De los 10.000 que en un comienzo pagaron el equivalente a medio salario mínimo, por cada semestre, hoy sólo queda una tercera parte.

La Universidad a Distancia demanda inversiones muy grandes, pues supone el establecimiento de centros regionales, requiere la elaboración de módulos y textos especialmente diseñados para nuevas metodologías educativas y exige el pago de tutores calificados. Nada de esto fue previsto por el gobierno de Betancur: el presupuesto quiere sustraerse de universidades con déficits crónicos; los módulos han sido elaborados en varios establecimientos educativos sin coordinación, y a toda prisa; los centros regionales, donde los hay, fueron improvisados, y los tutores son, en su inmensa mayoría, todo tipo de gentes necesitadas de empleo, con bajos sueldos y sin preparación necesaria para asumir este tipo de docencia. Tal es el deplorable balance de la renovación educativa del actual gobierno.