ZARPAZO DE LA BRITISH PETROLEUM CUESTA 1.800 MILLONES DE PESOS

Por Norman Alarcón Rodas

La British Petroleum es una de las cinco grandes empresas oligopólicas que se reparten el negocio de los hidrocarburos en el mundo. Su presupuesto es mayor que el del Estado colombiano.

Hace siete años, esta trasnacional inglesa obtuvo del gobierno el contrato de Cusiana, campo que ya había sido objeto de trabajos exploratorios por parte de Ecopetrol, que auguraban el hallazgo de importantes yacimientos. En efecto, se encontraron 1.800 millones de barriles y un descomunal depósito de gas natural.

Después de declarada la comercialización de Cusiana y de iniciada su explotación vertiginosa, la trasnacional empezó a presionar una reforma constitucional sobre las expropiaciones, lo cual ya le fue concedido por el legislativo y el ejecutivo. Luego exigió negociar el gas por separado para obtener mayor tajada. Y la última exigencia del segundo semestre de 1996 fue que se cambiaran los términos del contrato de Piedemonte, en busca de la máxima rentabilidad.

Este contrato, firmado entre Ecopetrol y la British en junio de 1992, se basó en los términos de distribución escalonada: entre 0 y 60 millones de barriles extraídos, 50% para la nación y 50% para el asociado. Entre 60 y 90 millones de barriles, 55% para la nación y 45% para el asociado. Más de 150 millones, 70% para la nación y 30% para el asociado.

Allí se encontraron los yacimientos de Floreña y Pauto, que contienen casi 1.000 millones de barriles de petróleo -la mitad de Cusiana-, y Volcanera, con grandes cantidades de gas.

En 1996, la multinacional exigió modificar el contrato inicial para tener en cuenta el factor R, amenazando con suspender las inversiones. La comisión quinta del Senado rechazó la pretensión, como también el contralor David Turbay, el senador Jorge Santos Núñez, la USO, el periódico El Colombiano de Medellín y tres miembros de la junta directiva de Ecopetrol, quienes por tal motivo renunciaron.

El ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, siempre estuvo atento a complacer los apetitos de la compañía foránea. Para tal fin solicitó un concepto del Consejo de Estado, el cual lo emitió a principios de 1997 dándole la razón a la British, con la dudosa argucia de que en el contrato en mención se hablaba de la exploración de un condensado, término que según el alto tribunal se refería a gas y no a petróleo. La ex ministra de Minas, Margarita Mena de Quevedo, acaba de refutaren detalle la amañada interpretación del tribunal.

Si el concepto del Consejo de Estado es acogido por el gobierno, la British, por arte de birlibirloque, se saldría con la suya, obteniendo pingües ganancias que ascienden a 1.800 millones de dólares, los mismos que perdería la nación.

Por ello cabe citar aquí el editorial de El Colombiano, del 22 de octubre de 1996, refiriéndose a este conflicto: "Cuando creímos que el imperialismo burdo era cosa del pasado, descubrimos que los vientos neoliberales lo mantienen vivo y operante".

Faltaría agregar que la defensa del interés nacional es la línea divisoria entre los patriotas sinceros y los colaboracionistas genuflexos.